La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en que España necesita un nuevo modelo de política de vivienda para lo que el Gobierno está trabajando en la nueva empresa pública de vivienda, que servirá para blindar la oferta pública en el país de manera permanente para asegurar precios asequibles. Rodríguez ha anunciado que la nueva empresa pública de vivienda iniciará de manera "inmediata" la construcción de las primeras 438 viviendas, que se ubicarán en la ciudad de Valencia y serán "100% asequibles".

"Desde 2019 la entidad pública del suelo Sepes ha dado un impulso a la participación en la vivienda asequible (...), pero con ese instrumento aún no podíamos garantizar algo que ha estado pasando a lo largo de estos años y es proteger la VPO o proteger las viviendas sociales para evitar que fueran vendidas a particulares como hicieron algunos ayuntamientos y comunidades autónomas. Se trata en definitiva de blindar la oferta permanente de vivienda pública y asequible en España", ha recalcado Rodríguez.

Así lo ha indicado en las jornadas 'Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar' en las que está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie nuevas medidas en materia de vivienda.

En la inauguración del acto, Rodríguez ha insistido en que el Gobierno está trabajando para que esta empresa, que será el resultado de fortificar y dar más funciones a Sepes, va a garantizar que las viviendas sean "asequibles".

Rodríguez ha indicado que las primeras viviendas que serán promovidas por esta nueva empresa de vivienda pública serán las más de 400 que se harán en la Comunidad Valenciana y que forman parte del proyecto de urbanización del antiguo cuartel de ingenieros en Valencia para garantizar que el 100% de las mismas sean asequibles.

"Ya hemos avanzado en esta nueva estructura de la empresa pública dotándola de más capacidades y asumiendo más competencias, y vamos a incorporarle los inmuebles disponibles por parte de la Administración General del Estado para transformarlos en hogares, sin dejar de acometer el proceso de transformación de suelo como demandan ayuntamientos y comunidades autónomas y promotores de todo signo y condición", ha recalcado.

Rodríguez ha insistido en que "la barra libre y la desregulación no funcionan" y que desde el Gobierno seguirán con políticas para regular porque "liberalizar el suelo no es más asequibilidad" y ofrecer más vivienda sin regulación tampoco lo es.

"En 2005, en 2006 se concedían en España 570.000 visados de obra nueva y el precio se multiplicó por dos, situándolo muy encima de nuestro valor, es decir, más oferta sin control no garantiza el acceso a un hogar para la mayoría, sino que nos lleva al 'boom' a la burbuja inmobiliaria que tanto daño y sufrimiento causó", ha recordado.

Además, durante su discurso, la ministra de Vivienda ha insistido en que también es necesario crear seguridad jurídica en el sector, para lo que ha pedido recuperar el proyecto de la reforma de la Ley del Suelo, que está registrada desde marzo en el Congreso pero no se llegó a votar ante la falta de apoyos políticos.

"Invertir en vivienda pública y social es la solución más efectiva para garantizar ese derecho a la vivienda. Aprendamos de las mejores prácticas europeas, pero también a liderar nuestro propio modelo", ha concluido.

Sobre la Ley de Vivienda, Rodríguez ha defendido que se trata de "una herramienta que ya está demostrando su eficacia al reducir los precios en Cataluña", y ha instado "firmemente "al resto de autonomías a adoptarlo lo antes posible, como ya están haciendo País Vasco, Navarra o Asturias y demandan importantes ayuntamientos en Galicia o Canarias.

En este sentido, la ministra cree que "es incomprensible que ante precios disparados, y teniendo instrumentos, no se esté utilizando una herramienta que implica una bajada inmediata de precios al tiempo que bonifica al propietario".

La ministra también se refirió a la novedad legal que introdujo la Ley de Vivienda para construir viviendas públicas en suelos dotacionales, "aunque algunos acaben de descubrir su obligación de facilitar suelos o las posibilidades que les da la ley de vivienda para hacer alojamientos dotacionales".

Por último, ha insistido en que la construcción de vivienda pública es "responsabilidad de todos los poderes públicos" y ha agradecido a la ciudadanía, el sector de la construcción y las comunidades autónomas que están colaborando con el Gobierno para garantizar el derecho a una vivienda digna.

En la primera mesa de debate 'Ampliación del parque de vivienda asequible', la directora general del Sepes, Leire Iglesias, ha insistido en que la existencia de una empresa pública no supondrá "un monopolio de la construcción", sino que servirá para gestionar la vivienda asequible.

"Venimos para meter anabolizantes, venimos para hacer el Sepes proteico, venimos para incentivar muchísimo más el desarrollo de la vivienda asequible en nuestro país", ha subrayado.

Así, ha insistido en que la nueva empresa movilizará suelos que muchos empresarios y gente del sector de la construcción quiere para que puedan desarrollar actuaciones con rentabilidad social. "Aquí hay un negocio de rentabilidad social, no especulativo", ha subrayado.

"Intervenir mediante la oferta y no sólo intervenir mediante la regulación. Si somos capaces de tener más vivienda pública a precios asequibles y demostrar su rentabilidad, los demás nos tendrán que acompañar", ha defendido.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.