"Esperamos conseguir que alguién nos explique lo que pasó en la residencia. Cómo trataron a nuestros familiares y qué pudo pasar. Fue muy traumático", explica Silvia Perís, que perdió a su padre José Luis de 79 años, durante la pandemia de Covid-19, mientras estaba ingresado en la residencia Domus Vi de Alcoi. "Yo a mi padre lo dejé el 8 de marzo de 2020 y y no lo vi, no me despedí y no sé si está en el ataúd en el que lo enterraron", lamenta entre sollozos.

Más de cuatro años después de las miles de tragedias vividas en las residencias españolas durante la pandemia de Covid-19, por primera vez, los responsables de una residencia se sientan en el banquillo de los acusados para poner luz a la muerte, en este caso, de 74 ancianos en tan solo un mes. "Vamos a oir testimonios y a leer documentos muy duros que nos van a producir mucho dolor", explica José Luis García, presidente de la Asociación de Familiares de Afectados de DomusVi Alcoi.

Un proceso que han puesto en marcha 46 familiares de 18 de esas víctimas. "Muchos familiares se han quedado en el camino porque no podían hacer frente al gasto económico del proceso o porque emocionalmente no estaban preparados", señala García.

Los familiares de los fallecidos recuerdan con dolor, la escasez de información que recibieron durante aquellos días. "Estaban aislados, como correspondía a la situación, pero no sabíamos cómo los estaban atendiendo, no había ninguna comunicación con ellos, sin a penas información oficial. Hubo gente que la única información que recibió es que su familiar había muerto", recuerda Verónica Ferré, que perdió a su abuela Milagros.

Verónica trabajó en la residencia Domus Vi de Alcoi durante 12 años y la abandonó días antes de que se produjera la pandemia porque encontró un trabajo mejor. "Me fui de allí porque las condiciones laborales eran lamentables. Éramos mulas de carga y por muy bien que lo quisieras hacer no llegabas a todo. Ahora es todo mucho peor, no hay personal y esto es solo un negocio", asegura.

Junto a la falta de información de la empresa gestora de la residencia, Cohabitae, los familiares denuncian la escasa comunicación que ofrecieron las consellerias de Políticas Inclusivas y de Sanidad. "La documentación que se ha conseguido para fundamentar la demanda no se ha logrado hasta que un juez la ha solicitado", afirma el presidente de la asociación, que explica que optaron por interponer una demanda civil porque "los abogados nos dijeron que iba a ser muy difícil ir por la vía penal, que era lo que nosotros queríamos, por la situación de pandemia mundial que se vivió y porque nos enfrentaríamos a un proceso que duraría muchos años".

Las familias reclaman indemnizaciones de algo más de dos millones de euros. "Los péritos y nuestros asesores han establecido esa cantidad, pero los daños son irreparables. Lo importante es que salga a la luz las circunstacias de esta tragedia y se establezcan las responsabilidades que correspondan", señala José Luis García, que asegura que "en este tiempo no ha habido ninguna disculpa desde los responsables de la residencia y siguen convencidos de que lo hicieron todo bien".

El juicio está previsto que se prolongue hasta el próximo 11 de octubre, cuando probablemente se hagan públicas las conclusiones. "Esperamos que este proceso sea una vía de esperanza para que salgan adelanta otras demandas por los miles de muertos que se produjeron y para que no se repita de nuevo una tragedia que se pudo evitar", afirma el presidente de la asociación de familiares.

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