Los familiares de los ancianos que perdieron la vida en residencias de la Comunidad de Madrid durante los peores meses de la pandemia del covid 19 han empezado ha recibir cartas por correo postal en las que el Gobierno regional les reclama la deuda pendiente, correspondiente al último periodo de la estancia de sus mayores en los centros públicos.

Así lo publica la Cadena Ser, que ha entrevistado a dos de estas familias que afirman encontrarse en "estado de sock" ante la recepción de esta misiva firmada por el director general de Atención al Mayor de la Comunidad de Madrid, en las que se les requiere el abono de estas deudas no satisfechas.

La primera asciende a 901,58 euros y hace referencia a la estancia de Ángel, fallecido a los 89 años, el 2 de abril de 2020, en la residencia Amavir Valdebernardo, tal y como cuenta su hija, Ángela Armingol, que recibió la carta el pasado día 15 de marzo.

La otra reclamación dineraria que recoge la Cadena Ser es de 674,28 euros, por la asistencia al padre de María de Álvaro, Ángel de 94 años, fallecido el 5 de abril de 2020 en la residencia Ensanche de Vallecas, sin recibir atención en un hospital.

Los familiares han denunciado esta situación y señalan en la entrevista que se niegan a pagar el dinero que se les reclama. "No los voy a pagar aunque vaya a la cárcel", asevera María.

Por su parte, desde la Consejería de Servicios Sociales, preguntados por el citado medio sobre este hecho, afirman que como Administración Pública "están obligadas por la legislación estatal a requerir a los ciudadanos sus deudas" y que en ningún momento "la legislación estatal estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia".

Asimismo, añaden que cada cierto tiempo "se revisan los expedientes de las plazas con financiación pública de las residencias" y que, en relación a las deudas de residentes fallecidos, se trata de un proceso "complejo" y que "se dilata en el tiempo" porque se les tiene que requerir a los herederos y hay que "localizar los domicilios", e instan a los afectados a interponer "un recurso de reposición o reclamación económico-administrativa", si así lo consideran.

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