Una Comisión Ciudadana ha trabajado durante seis meses, para averiguar lo ocurrido en las residencias madrileñas. Sus conclusiones son claras: se optó por impedir las derivaciones a los hospitales bajo criterios de dependencia y de edad, y no de vulnerabilidad. Esto provocó un exceso de mortalidad, que se cifra en 4.000 personas.

Concluyen también que a los 7.291 ancianos y ancianas que murieron sin asistencia médica, se les negó el derecho a la protección de la salud. Asimismo, aseguran que los protocolos para seleccionar a quién se derivaba no sólo existieron, sino que además están firmados telemáticamente y fueron seguidos por las residencias, sus trabajadores y los geriatras de enlace de los hospitales.

El informe ha puesto sobre el papel lo que los familiares de los ancianos fallecidos llevan tiempo denunciando, sin que se haya producido hasta el momento ninguna investigación judicial penal, otra de sus demandas y que la Comisión Ciudadana pone sobre la mesa.

Para la elaboración del informe, se ha citado a 75 personas para recoger testimonios (se han presentado la mitad) y se ha contado con expertos de reconocido prestigio en los ámbitos judiciales, médicos, de investigación y del Derecho Constitucional, entre otros.

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