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Un agente de la Guardia Civil de Valencia, encargado de tramitar los pagos de las comisiones de servicio de sus compañeros guardias civiles en las tres provincias, desvió durante siete años 164.835 euros de comisiones inexistentes a sus cuentas propias. Lo ha reconocido el presunto autor de los hechos ante un jurado popular y, al parecer, ha declarado que devolverá todo el dinero.
La falta de un sistema eficaz de control en la Unidad de Gestión Económica de la institución, posibilitó que se desviarán dichas cantidades. El procesado afirmó que llegó a inventarse las comisiones de servicio para apartar algunas cantidades de las arcas públicas a sus cuentas, y que lo hizo "por necesidad".
El exfuncionario, ya jubilado, pidió perdón ante el jurado: “Sabía que tarde o temprano si me pillaban tendría un castigo penal, pero el mayor castigo es el dolor que le he causado a mi familia”, declaraba, "y quiero reparar estos hechos”.
De momento, ha hecho frente a 16.000 euros de los casi 165.000 que se le reclaman. A este respecto, ha anunciado que ha realizado un calendario de pagos con el que lo irá devolviendo a plazos hasta el año 2037.
Los expedientes de las comisiones se enviaban a Comandancia para que fueran firmados y autorizados por el jefe. Sin embargo, gracias a un programa que permite modificar archivos en PDF (cuya instalación está prohibida), el acusado modificaba los datos de cobro, y lo cambiaba a su nombre y con sus números de cuenta. Ese era el documento final que recibía el banco para realizar el pago.
Utilizaba datos personales y bancarios de distintos agentes que encontraba en las bases de datos y aplicaciones a las que tenía acceso por su cargo, para aportar verosimilitud a sus acciones. Era en el momento de formalizar el pago, cuando ponía sus datos propios.
Dichas irregularidades comenzaron a detectarse en el año 2020, en el abono de dietas, a través de unos pagos que figuraban a la cuenta corriente del acusado.
Un testigo que tampoco se encuentra activo actualmente, reconoció ante el jurado que no se hacía un control exhaustivo de las tramitaciones por el gran volumen de trabajo que tenían. “No podíamos comprobar todos los documentos de las miles de comisiones”, afirmó.
Tras la detención del artífice, se le bloquearon las cuentas, en las que quedaba un saldo de 10.221 euros.
Al imputado, que llevaba veinte años en dicho puesto, se le acusa de separar dinero hasta en 114 ocasiones. Podría enfrentarse a siete años de prisión por un delito de falsedad en documentos oficiales por parte de un funcionario público como medio para cometer malversación. La defensa solicita cinco años de prisión al asumir los hechos como lo ha reconocido su cliente, pero consideran que no hubo abuso de confianza, como sí mantiene la Fiscalía. La defensa pide que se tenga en consideración la atenuante de reparación del daño.
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