Alfonso Grau, exvicealcalde y exconcejal del Ayuntamiento de València, ha sido sentenciado a cuatro años y medio de prisión por su implicación en la pieza A del caso Imelsa. El político ha sido condenado por malversación de fondos públicos con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del caso relacionado con la financiación irregular de las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011, llevada a cabo a través de donaciones y pagos de empresas.
A esta condena se le suma una inhabilitación de nueve años para cualquier empleo o cargo público y deberá indemnizar al Ayuntamiento con 388.150 euros. Junto a esta condena, Alfonso Grau también ha sido declarado culpable de un delito continuado de cohecho, con la atenuante analógica de dilaciones indebidas, y se le ha impuesto una multa de cinco millones de euros. Además, se le ha suspendido de empleo o cargo público por dos años.
Sin embargo, Grau no ha sido el único imputado en esta trama, el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, ha recibido una sentencia de cuatro años de prisión como cooperador necesario en un delito de malversación. Salinas también ha sido inhabilitado durante ocho años y deberá indemnizar al Ayuntamiento, conjuntamente con Grau, con un total de 210.000 euros.
En contraste, los otros dos acusados en esta pieza, el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón, y la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento, Mari Carmen García Fuster, han sido absueltos. Sin embargo, Esta resolución judicial aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo en casación.
La condena de Alfonso Grau y José Salinas y la absolución de los otros acusados cierran un capítulo importante en la historia política de Valencia. Este desenlace subraya la necesidad de transparencia y legalidad en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. A pesar de que parte del caso conocido como "pitufeo" fue archivado, el juicio y las sentencias resultantes han sentado precedentes importantes para futuras investigaciones de corrupción y financiamiento ilegal en la política española.
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