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Este miércoles, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado el decreto ley 9/2024 del Consell que modifica la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana. La nueva legislación, que entra en vigor hoy, fue aprobada el pasado viernes en el pleno del Consell.
El objetivo de la norma es proporcionar "seguridad jurídica" tanto al sector turístico como a la ciudadanía, según declaró la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.
El decreto introduce una serie de novedades significativas, incluyendo una mayor autonomía para los ayuntamientos a la hora de limitar el uso de estos inmuebles, sanciones más estrictas y nuevas exigencias como la prohibición de los cajetines para llaves y la obligatoriedad de ofrecer un servicio de recepción. Asimismo, las viviendas de uso turístico dispondrán de un plazo de cinco años para adaptarse a los requisitos establecidos en la nueva normativa.
En paralelo, la normativa deberá ser validada por Les Corts Valencianes una vez se reanude la actividad parlamentaria. Aunque el decreto cuenta con el apoyo del Partido Popular y Vox, desde la Conselleria de Turismo se espera que la normativa reciba el respaldo de todos los grupos parlamentarios, al considerarla beneficiosa para la Comunitat Valenciana. Sin embargo, tanto el PSPV como Compromís han adelantado que votarán en contra, al considerar que la normativa no aborda de manera efectiva los problemas asociados a los pisos turísticos en la región.
La nueva regulación también ha generado críticas por parte de la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas (Avaec), cuyo presidente, Eric Sanjaime, ha manifestado su desacuerdo, calificando el decreto como un intento de favorecer a los hoteles en detrimento de las viviendas turísticas. Sanjaime ha señalado que la normativa impone requisitos mucho más estrictos a las viviendas turísticas sin justificación suficiente, y que no ofrece soluciones reales al problema del turismo de masas.
La normativa también establece que la inscripción de las viviendas de uso turístico en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana deberá renovarse cada cinco años y detalla nuevas infracciones graves y muy graves, incluyendo la comercialización de alquileres turísticos por habitaciones y la sobreventa de plazas, con sanciones que podrían alcanzar hasta los 600.000 euros.
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