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En España quedan cerca de 120.000 contratos de renta antigua a nombre, casi todos, de ancianos. Como Carmen y Mari Carmen. Con 86 años, Mari lleva 68 viviendo en su casa. Paga 400 euros, pero ahora le piden 1.650 y acaba de perder el juicio contra el fondo buitre que ha comprado su casa. Carmen tiene 89 años, lleva medio siglo viviendo en su casa. Paga 200 euros, muy lejos de los 1.600 que cobra el dueño por otros pisos como el suyo en el mismo edificio.
Maricarmen lleva toda la vida en esta casa con un contrato de renta antigua que pasó de su padre a su madre y luego a ella. Al ser una segunda subrogación del contrato la ley solo le permite quedarse dos años. No ha tenido problema hasta que compró la casa un fondo buitre que ha ganado el juicio y ahora quiere echarla. "A los mayores hay que respetarlos, yo voy a luchar hasta el final, lo tengo clarísimo". Primero le ofrecieron pagar un alquiler de 2.650 euros. "Me dijeron, se lo bajamos a 1.650 euros. Es un reírse de la persona. Saben que mi pensión es de 1.400 euros". Viuda, sin hijos ni familiares directos no sabe donde ir. "No se dónde me iré, en Madrid no me puedo quedar. Una habitación vale 550 euros y qué hago con mi vida ¿la tiro?".
Carmen llegó a su vivienda en 1974 después de que a su marido lo trasladase el banco en el que trabajaba a Valencia. Fue entonces, cuando firmaron un contrato de alquiler de por vida, que pasó a nombre de la mujer en las mismas condiciones cuando el hombre falleció en 2016. En todos estos años, Carmen ha vivido feliz en ese piso donde ha criado a sus cuatro hijos.
Pero su tranquilidad cambió a finales de 2021. El propietario del edificio intentó echarle del piso alegando que tenía perros. "El contrato dice que no se pueden tener animales y no tengo, lo único es que mi hija viene de vez en cuando a visitarme con ellos y en ocasiones me los deja un rato", explica Carmen Débora.
Una primera sentencia le dio la razón al dueño y Carmen tuvo que abandonar la vivienda en noviembre de 2021, pero unas semanas después la Audiencia Provincial falló a favor de Carmen, que no regresó al piso hasta julio de 2022. Tras esta sentencia, el propietario recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, aunque de momento no hay sentencia.
Desde su vuelta, Carmen, con 89 años, está viviendo una pesadilla. Con un contrato de renta antigua por el que paga unos 200 euros mensuales, el propietario quiere deshacerse de ella. "Solo quedamos una mujer y yo, las dos vivimos solas, y con lo que pagamos el dueño dice que pierde dinero. Lo que quiere es destinar el piso al alquiler de habitaciones como ha hecho con el resto del edificio desde hace ya varios años", explica Carmen.
En estos dos años, la mujer está sufriendo lo que califica como "acoso inmobiliario" y que la Generalitat Valenciana multa con hasta un millón de euros de multa. "Hay un inquilino que no sé que relación tiene con el dueño, que no para de llamar a la puerta con golpes muy fuertes por la noche diciendo que me van a echar y llamando al telefonillo de la calle", relata Carmen, que explica que "eso no es todo, a veces viene a la una de la mañana para decirme que le molesta la tele y yo la tengo muy baja".
Más tarde llegaron las pintadas acusándole de okupa e insultándola. Por último, comenzaron los anónimos donde le amenazaban "con llevar las cosas a otro nivel". Una carta con la que fueron a la policía. "Nos dijeron que no podían hacer nada. Incluso, una vez vinieron, pero ni les abrieron la puerta", explica.
Después de meses de acoso la mujer asegura que "estoy sufriendo muchos nervios, porque me llaman a la puerta todas las noches para molestarme".
Carmen, con la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha presentado una denuncia por acoso inmobiliario en el PROP de Valencia, en los que apunta al propietario y a un inquilino como responsables de la situación de estrés que está viviendo.
La anciana solo quiere vivir tranquila y asegura que "si la sentencia del TSJCV le da la razón al dueño se irá", aunque no sabe donde porque "todo está muy caro y no lo podemos pagar".
Maricarmen lleva toda la vida en esta casa con un contrato de renta antigua que pasó de su padre a su madre y luego a ella. Al ser una segunda subrogación del contrato la ley solo le permite quedarse dos años. No ha tenido problema hasta que compró la casa un fondo buitre que ha ganado el juicio y ahora quiere echarla. "A los mayores hay que respetarlos, yo voy a luchar hasta el final, lo tengo clarísimo".
Primero le ofrecieron pagar un alquiler de 2.650 euros. "Me dijeron, se lo bajamos a 1.650 euros. Es un reírse de la persona. Saben que mi pensión es de 1.400 euros". Viuda, sin hijos ni familiares directos no sabe donde ir. "No se dónde me iré, en Madrid no me puedo quedar. Una habitación vale 550 euros y qué hago con mi vida ¿la tiro?".
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