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Solo un día después de anunciar el preacuerdo entre PP y Vox para gobernar en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que una de las primeras medidas que tomará una vez sea investido presidente de la Generalitat Valenciana será cerrar la polémica Oficina de Derechos Lingüísticos, a la que siempre se ha referido como "Oficina de Policía Lingüística", cumpliendo así una promesa que han repetido los populares hasta la saciedad en los últimos tiempos.
En declaraciones a la Cadena Cope, que es urgente acabar "con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo", restituir la figura de los inspectores educativos y acabar "el procés a la valenciana", así como "sacar la ideología de las aulas".
En sus más de cinco años de vida, este organismo ha supuesto un punto de enfrentamiento continuo entre el gobierno del Botànic y el bloque de derechas.
La Oficina de Derechos Lingüísticos fue impulsada por Compromís y aprobada por el gobierno valenciano en 2017. Su objetivo principal era "velar" por el cumplimiento y la aplicación de la normativa legal sobre el uso de las lenguas oficiales, además de canalizar las denuncias de los valencianohablantes que se sintiesen discriminados en administraciones o comercios que no les atendiesen en su lengua. No obstante, la oficina no tiene carácter sancionador y en consecuencia no puede aplicar ninguna medida en este sentido.
Desde su nacimiento, tan solo se publicó la memoria de 2018 que reflejaba que en ese periodo se registraron 31 quejas, 53 sugerencias y tres consultas, en todas ellas se preservaba el anonimato de los denunciados.
Hace algo más de un año, en noviembre de 2021, el Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que tumbó, a raíz de una denuncia del PP, 12 de los 16 artículos del decreto que regulaba esta oficina.
El Supremo coincidía con una sentencia previa del Tribunal Supremo de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en que la regulación de las "reclamaciones y sugerencias" sobre los usos del valenciano no es conforme a derecho por no prever la tramitación de un procedimiento administrativo que diese opción al afectado a recurrir o impugnar el acto administrativo.
A finales de 2022, cuando faltaban solo unos meses para el fin de la legislatura, el Botànic corrigió las deficiencias señaladas por el Supremo para reactivar la este organismo.
La nueva norma, básica en la política lingüística del tripartito, señala que, "cuando se presente una queja, la oficina procederá a remitirla a la administración o entidad en la que se ha producido la actuación". En el caso de que los denunciados sean la Administración del Estado y personas jurídicas, la oficina "ofrecerá su asesoramiento mediación, y podrá, en su caso, formular las recomendaciones y aconsejar buenas prácticas en materia de derechos lingüísticos".
Aprobada en esta ocasión como rango de ley, dentro de la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, que nada tiene que ver con la lengua, la nueva regulación "se extiende no solo al conjunto de la Generalitat", sino también a las universidades públicas, las Administraciones Locales y la del Estado incluyendo la de Justicia, e incluso a las personas jurídicas de naturaleza privada.
Tras la aprobación, el PP calificó la oficina de "comisariado lingüístico y afirmó que el movimiento del Consell de trampa regulatorias, para desligitimar el poder judicial. Además, señalaron su intención de entablar acciones legales mediante un recurso de inconstitucionalidad. Unas medidas que ya no serán necesarias con el desembarco del PP y de Vox en el Consell.