El discurso antiokupa ha calado en el Gobierno y las comunidades autónomas. El Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha tomado la iniciativa y prepara instrucciones para que las Fuerzas de Seguridad actúen de forma inmediata contra los allanamientos y usurpaciones. La Fiscalía también ha dado a conocer nuevos procedimientos de desalojos inmediatos y la Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de un teléfono gratuito exclusivo para atender a los ciudadanos víctimas de estos delitos.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Día Ayuso daba a conocer esta semana la entrada en servicio del nuevo teléfono 112 Okupación con el que se pretende asesorar a los ciudadanos víctimas del allanamiento o usurpación de sus viviendas. El anuncio lo realizó durante el Debate del Estado de la Región y responde al aumento de este tipo de delitos en la Región tras la salida del confinamiento. Está previsto que esté en funcionamiento para antes de que termine el año.

Este teléfono, que será un 900 de carácter gratuito, estará integrado en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) a través de la 'Oficina contra la okupación' que también está pendiente de creación.

En España, los casos de okupación en su sentido más amplio solo afectaron al 0,056 % del las viviendas, un dato que se reduce hasta el 0,016 % si solo atendemos a aquellos casos que fueron denunciados y, posteriormente, presentados ante la Justicia.

Fuentes de la Comunidad de Madrid reconocen que el servicio del 112 de la región atendió durante 2019 unas 900 llamadas de ciudadanos preocupados por la imposibilidad de disponer de sus viviendas al encontrarse estas okupadas.

La diferencia ahora es que el personal que atenderá a este teléfono 900 Okupación recibirá una formación específica para atender a los ciudadanos y "dar respuestas y asesorar a sobre sus derechos y qué hacer ante un caso de supuesta okupación de un inmueble".

Otra de las novedades de este nuevos servicio es que las denuncias ciudadanas se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes, bien sean Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Fiscalía o Delegación del Gobierno.

La batalla contra la okupación es uno de los frentes abiertos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. A principios de 2020 el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acusó a Pedro Sánchez de "no hacer nada para atajar un problema que, como tantos otros, se está extendiendo por toda España".

Esta afirmación de Ayuso tiene mucho que ver con otra realidad: de las 4.200 viviendas okupadas en la Comunidad, la mitad son pertenecen a la Agencia de Vivienda Social, y el resto son viviendas libres según datos de la Delegación de Gobierno.

Los responsables madrileños creen que detrás de estas ocupaciones hay organizaciones criminales que estarían subarrendando las viviendas e incluso vendiendo a otras personas en situación de especial necesidad.

A través de estos pisos, se estarían llevando a cabo delitos y negocios ilegales como tráfico de drogas, prostitución, cultivo de cannabis, depósitos de artículos robados y talleres de despiece de vehículos, entre otros. "Se trata de un grave problema que está alterando la convivencia vecinal en determinadas localidades y distritos de la capital, lo que ha generado un clima de inseguridad en los barrios afectados", ha indicado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos.

Como ha explicado el Ejecutivo regional, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de usurpación, tipificado en el apartado 2 del artículo 245 del Código Penal, y un posible delito de pertenencia a organización o grupo criminal (artículo 570). Asimismo, si se concluye que en estas viviendas se están llevando a cabo otras actividades delictivas contra la salud pública por tráfico o cultivo de drogas, favoreciendo así su consumo, se estaría incurriendo en un delito tipificado en el artículo 368 del Código Penal.

Para el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, Madrid se gasta más de 3 millones de euros en seguridad y en reforzar puertas con placas metálicas para que "no puedan darle una patada y entrar".

"Es caro hacerlo, pero más caro son tres años de litigio con un okupa hasta que consigues sacarlo. Estamos invirtiendo para que no nos okupen algunas casas, también poniendo seguridad, porque cuando se termina un edificio y se produce la adjudicación a las familias que la van a ocupar es un momento crítico", ha expuesto.

Pérez ha destacado también que se están "reduciendo los plazos" para que cuando una vivienda esté lista "sea ocupada inmediatamente por la familia legítima".

El Ejecutivo de Ayuso también reconoce que no todos los casos de okupación son iguales y que se deben atender y estudiar cada caso individualmente, porque hay situaciones singulares como "una familia en la que fallecen los adjudicatarios y sus hijos que reúnen, en algunos casos, situaciones muy dramáticas, se han quedado en esa vivienda".

"¿Podemos considerar al mismo nivel esa okupación que administrativamente lo es con la okupación de las mafias o la ideológica de los antisistema o de la patada en la puerta sin respetar el ordenamiento jurídico? Somos un Estado Social, pero también de derecho y aquí tiene que velar por la ley", ha zanjado Pérez.

La presión social y mediática ha obligado al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a tomar la iniciativa. Este miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que en los próximos días su departamento publicará una instrucción para mejorar los protocolos de actuación en casos de desalojos inmediatos ante okupaciones "flagrantes" y de desalojos cautelares en el resto de usurpaciones de viviendas.

El anuncio se ha producido solo un día después de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, publicara otra instrucción también dirigida a facilitar los desalojos de los okupas en los casos de allanamiento y usurpación teniendo en cuenta no solo los perjuicios a los propietarios sino también a los vecinos y tratando de esquivar los trucos para alargar los procedimientos.

Marlaska ha desgranado los diez puntos más relevantes que introducirá esa instrucción a las fuerzas de seguridad por la que se mejorará "sustancialmente" sus protocolos.

De esta forma, se "facilitarán los desalojos inmediatos cuando se cometa allanamiento de morada de establecimiento al público o domicilio personal en casos de usurpación flagrante".

En el resto de los casos de usurpación y, una vez acreditada la propiedad del inmueble, los agentes -ha avanzado el ministro- "podrán solicitar el desalojo cautelar a la autoridad judicial vía el Ministerio Fiscal".

Marlaska también ha anunciado que se agilizarán las actuaciones sobre ocupaciones ocasionales que son consideradas infracción administrativa.

Además de estas medidas, la instrucción que se dará en los próximos días a Policía Nacional y Guardia Civil establecerá las directrices para que los atestados recojan los tipos penales de ocupación ilegal para así acelerar su tramitación judicial y se mejorará la respuesta policial para hacer frente a este fenómeno.

También ha detallado que se establecerán mecanismos de inteligencia e información para prevenir la aparición de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación; se potenciará la colaboración con instituciones municipales y autonómicas así como con colectivos y entidades sociales; y se impulsarán desde Interior campañas informativas.

Todas las actuaciones previstas, ha añadido, se realizarán en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, con el objetivo de unificar criterios y ser más eficaces.

Antes de detallar las líneas generales de esta instrucción, el ministro ha dejado claro que una de las prioridades sigue siendo aumentar el número de efectivos de las fuerzas de seguridad tras la pérdida, en los últimos años, de 12.000 agentes en Policía y Guardia Civil.

Respecto al fenómeno de las okupaciones, Marlaska ha subrayado que "evidentemente" hay que adoptar medidas para evitar la comisión de un delito que de 2011 a 2018 pasó de 4.000 a 12.000 usurpaciones y que en 2020 alcanza la cifra de 8.000 hechos conocidos por las fuerzas de seguridad.

Ante esta presión mediática, los expertos han intentado explicar las diferencias entre okupar viviendas vacías, sin uso alguno, deshabitadas o aquellas que son el hogar habitual tanto de forma continuada como puntual (segundas residencias).

Estos juristas destacan que la casa, el hogar, es inviolable,y si alguien entra comete un delito de allanamiento, castigado con hasta dos años de prisión y cuatro si emplea violencia o intimidación.

En el caso de que la okupación se produjera durante una ausencia prolongada por unas vacaciones, por ejemplo, se daría un delito flagrante. Aquí no debe cundir el pánico. La Policía puede entrar de inmediato sin orden judicial y recuperar la casa.

En caso de que la Policía dude, se recurre a la vía judicial, igual de rápida. Se acude al juzgado de guardia y se pide el lanzamiento de los okupas tras comprobar que la vivienda es un hogar y no una propiedad vacía. Todo este esquema se aplica igual a la segunda residencia, ya sean días, meses o años lo que se habite ahí.

Y ahora, la okupación. Se da en casas vacías de particulares y de bancos. Y no es un allanamiento, sino una usurpación, un delito leve que se castiga con una simple multa. Este sí es un fenómeno en auge.

Según datos del Ministerio del Interior, los "hechos conocidos" de ocupación ilegal (solo los denunciados), han pasado de 10.367 en 2015 a 14.621 en 2019. Y en el primer semestre de 2020 van 7.540.

Ahora bien, la usurpación transita por otro camino que el allanamiento. Pese a ser un delito flagrante, la Policía -el mito de avisar en las primeras 48 horas es eso, un mito sin base legal, afirman las fuentes- no suele actuar motu propio por varios motivos: No hay urgencia, el propietario no vive y los "okupas" juegan al despiste tratando de crear una apariencia de legalidad. ¿Cómo?.

Recibos, empadronamientos, actuar en silencio durante un tiempo para que los vecinos no sospechen de recién llegados o entregar contratos de alquiler, incluso verdaderos, con la intención de que "les abran la puerta" para luego okupar el inmueble.

También se puede pedir al juzgado un lanzamiento, pero ya no es tan fácil por cuestiones de proporcionalidad, hay que esperar a juicio. La consecuencia es un exhausto recorrido de meses o años.

Para evitar esto hay dos opciones. Al ser delito leve cabe el juicio rápido. Pero la Justicia choca con un problema. Se identifican y condenan a unos okupas, aunque ocurre que siempre hay gente sin identificar dentro, lo que hace que el proceso se repita y eternice, explican las fuentes. Y luego la sentencia es recurrible.

Una segunda vía con la usurpación es el desahucio exprés por lo civil. Se puede lograr en semanas pero los jueces reconocen demoras. "Los juzgados están saturados y no damos abasto", dicen.

Ocurre que el allanamiento no es tan mediático como el fenómeno de la okupación y erróneamente se suelen relacionar. De ello se han beneficiado las empresas de seguridad. El miedo a los okupas ha relanzado la contratación de sistema de alarmas. Basta echar un vistazo en Internet para ver como se ofrecen "alarmas anti okupas".

También han proliferado las empresas de desokupación. Las fuentes consultadas discrepan con su actuación. Una cosa es que negocien y otra que puedan llegar a recurrir a "tácticas intimidatorias con hombres fornidos". Advierten, además, de que "existe un castigo expreso para todo aquel que se toma la justicia por su mano".

Pero el fenómeno okupa es todavía más amplio, porque han entrado las mafias. El okupa delega en ellas a modo de inmobiliarias y paga un dinero a cambio de que le busquen residencia, como vienen denunciando PP y Ciudadanos.

El asunto ya se ha colado en la agenda política, pese a que no nació ayer. El PP culpa al PSOE y a Podemos de presentar a los okupas como las víctimas y defiende su plan antiokupación, ante lo que considera la "pasividad" del Gobierno frente al "aumento alarmante" de casos. También carga contra la Generalitat, cuya ley de vivienda ha recurrido al TC para no convertir "Cataluña en un paraíso okupa".

Pero su discurso, como sucedió en las pasadas elecciones vascas, alerta sobre la "desprotección" que sienten quienes han visto ocupada su vivienda después de "salir a dar un paseo o un fin de semana", sin distinguir entre un allanamiento y una usurpación.

Los partidos y operadores jurídicos no convergen tampoco en la respuesta. ¿Social o punitiva?. Un ejemplo es la propuesta del Colegio de Abogados de Barcelona, que aboga por reformar la ley para conseguir un desahucio en 48 horas, pero facilitando el realojamiento en función de la vulnerabilidad de los ocupantes.

De un problema a otro, porque la okupación esconde otra realidad: personas y familias que no tienen acceso a una vivienda digna.