{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Es la esclavitud del siglo XXI. La explotación de las mujeres y de los menores, la prostitución y los matrimonios forzados de menores. Todo para acabar con la dignidad de la persona, todo prometiendo un futuro mejor, sobretodo en las redes, que acaba en pesadilla. Dice la ministra de Igualdad, Irene Montero, que multar a los puteros no es la solución. Y tiene razón. Más allá de la moral, el negocio es el problema. También lo vemos con las pateras y la inmigración. Detrás hay hambre, desesperación, angustia y dinero.
De camino al trabajo o a la compra puedes ver cientos de octavillas en los parabrisas de los coches. Cuando vuelves, están de nuevo puestas. Hablamos de un ejército de repartidores, de una nueva forma de captar al cliente, más allá de las redes. Citas en pisos en los que en muchos casos no falta la droga.
Con la vista puesta en la futura reforma del Código Penal para perseguir el proxenetismo en todas sus formas, la tendencia detectada en los últimos tiempos por las Fuerzas de Seguridad en España es que la prostitución se está desplazando desde los clubes de alterne a pisos de forma itinerante para dificultar su persecución. Castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce la explotación sexual -tercería locativa- era un delito que ya estuvo tipificado en el Código Penal hasta su reforma en 1995, y ahora el Gobierno pretende que vuelva a estar presente.
La prostitución no está ni prohibida ni permitida en España, que es el primer consumidor de Europa y el tercero del mundo, por detrás de Tailandia y Puerto Rico. Un negocio que genera unos beneficios diarios que superan los cinco millones de euros, la mayor parte en dinero negro, según la Fiscalía General del Estado. En la actualidad, la explotación sexual se produce en muchos establecimientos que tienen licencia de bar, hotel o gimnasio donde los proxenetas operan con total impunidad. Pero también en domicilios particulares, lo que dificulta que se persiga esta práctica porque la Policía no puede acceder al ser pisos privados.
Según explica el jefe de la sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, Vicente Calvo, el objetivo de los explotadores obligando a las mujeres a prostituirse en pisos es obtener más beneficios -no pagan impuestos como en los locales- y, sobre todo, eludir las inspecciones policiales que se desarrollan en los establecimientos.
Son escasos los datos que hay en España sobre la trata de personas con fines de explotación sexual y las mujeres prostituidas. En los primeros seis meses de 2020, se efectuaron 133 operaciones que se saldaron con 196 detenidos y 215 víctimas liberadas, según avanzó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 30 de julio con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas.
Alrededor de 1.600 prostíbulos son los que calculan las Fuerzas de Seguridad que hay en España, que sigue siendo tanto destino como tránsito para la trata, ya sea desde Latinoamérica como de África y Europa del Este. Venezolanas y colombianas son las principales nacionalidades de las víctimas, seguidas de nigerianas y rumanas, detalla el capitán Calvo, que subraya que han descendido las mujeres brasileñas y que hay porcentajes residuales de las que traen desde Ucrania y Marruecos con fines de explotación sexual.
El 90% son extranjeras captadas con engaños en las redes
Más del 90 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son extranjeras y de ellas, más de la mitad, de origen sudamericano. A las mujeres venezolanas y colombianas, les siguen las dominicanas y paraguayas.
Las redes que trafican mujeres latinoamericanas generalmente las captan con engaños a través de las redes sociales y, aunque la deuda que contraen es muy inferior, por ejemplo, a las de las víctimas nigerianas (de 3.000 a 6.000 euros frente a los entre 30.000 y 50.000 euros de estas últimas), esta cifra va incrementando "por todo": los gastos del viaje, del alojamiento, de la comida...
"Las meten en una red de la cual no pueden escapar", denuncia el capitán de la Guardia Civil, que remarca que incluso cuando asumen que van a venir a España a ser prostituidas, se encuentran con más engaños porque las condiciones de explotación son insufribles. Una vez aquí, los delincuentes tienen una relación directa con las víctimas aunque se integran con las organizaciones delictivas nacionales, que muchas veces se encargan del alojamiento y la explotación.
No ocurre así con la prostitución nigeriana y china. Esta última es "muy cerrada": la red las obliga a prostituirse en sus propios clubes, pisos y karaokes, y los clientes también son de la misma nacionalidad, mientras que la mafias rumanas, que al principio ejercían mucha violencia para traer a sus víctimas y ahora lo hacen con engaño, las mantienen en clubes o en la calle.
Unas víctimas de explotación sexual que tampoco han sido ajenas a las terribles consecuencias del coronavirus. Y es que, pese a que durante estos meses la actividad de estas redes criminales ha disminuido, la vulnerabilidad de estas mujeres ha crecido de forma exponencial, ya que muchos de los locales echaron el cierre y se quedaron sin ningún tipo de ingreso. "En muchos clubes han sido abandonadas", lamenta el capitán Calvo, que revela que, en coordinación con las ONG, han acudido a estos establecimientos "a llevarles comida y agua" durante la pandemia: "hemos hecho una labor totalmente humanitaria".
La trata de seres humanos se lucra de la prostitución, pero también da la cara a través de otras formas terribles de violencia contra la mujer. Una "aberrante" es el matrimonio forzoso de menores, deplora el responsable de la Guardia Civil. En España se han detectado casos de menores de Rumanía, Pakistán o Marruecos en que los padres habían acordado su matrimonio y que muchas veces acaban siendo denunciados, no por la situación "degradante" de la menor, sino porque no cobran la dote convenida.
Emplear a menores para cometer hurtos es otro modo de violencia contra la mujer. La Guardia Civil ha desarticulado a un grupo búlgaro que, de acuerdo con los padres de estas chicas, las utilizaban para llevar a cabo pequeños robos. "Cuanto mejor hurtaba la niña, más pagaban a los padres", indica Calvo.
Durante este 2020, los agentes también han detectado un nuevo "modus" de explotación: mujeres centroamericanas (hondureñas y nicaragüenses, principalmente) traídas con falsas ofertas de trabajo que empleaban como internas en familias -que desconocían la situación- y a las que quitaban todo el dinero. "La trata de seres humanos en cualquiera de sus formas es el delito más grave que puede haber. Es la esclavitud del siglo XXI", concluye el capitán Calvo.