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Hace un mes el propietario de un edificio de Vigo se dio cuenta de que ya no estaban los okupas. Llamó a la Policía y lo ha recuperado, pero encontrándose con una desagradable sorpresa: “Las puertas de cada vivienda, que eran a conservar, las escaleras, el pasamanos… aquí no quedó nada”, lamenta hoy Juan Carlos Rial, presidente de la Fundación José Estévez.
No hay ni un solo rincón en el lugar que no esté comido por la mugre. El olor, sostiene, es “insoportable”. Todo está lleno de basura: colchones mugrientos, en la cocina platos apilados, comida podrida, agujeros en las paredes, en el techo… Todo está completamente destrozado.
“Es vomitivo entrar ahí. Por lo menos lo han recuperado”, apuntan vecinos de la zona.
El edificio, que pertenece a una asociación, llevaba okupado casi 2 años. Lo iban a rehabilitar cuando de pronto entraron.
Ahora, les llevará tiempo limpiar el desaguisado, pero por fin podrán realizar su proyecto: dedicarlo al alquiler para costear fines sociales y educativos.
La okupación de viviendas es un problema grave en algunas zonas de España, sobre todo en Cataluña. Poniéndole cifras, los últimos datos del Ministerio de Interior, –que se refieren al primer semestre de 2020–, registran 7.450 denuncias en todo el país, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior (7.093).
Cataluña sigue liderando la lista de comunidades con más casos, y experimenta un incremento con respecto a 2019 (3.611 frente a 3.190), al igual que la Comunidad Valenciana (566 frente a 496). Sin embargo, Madrid mejora algo su situación al contabilizar 657 delitos (frente a 726) vinculados a la okupación ilegal, es decir, allanamiento, cuando se okupa un hogar, o usurpación, cuando la vivienda no está habitada.