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Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha decretado el ingreso en prisión incondicional de siete de los diez integrantes de un clan familiar acusados de financiar el yihadismo en Siria a través de una caja B de negocios legales en España.
Todos ellos fueron arrestados el martes, y de ellos tres han quedado en libertad con medidas cautelares. Deben comparecer ante el juez cada 15 días, entregar el pasaporte y se les ha prohibido salir de España.
A todos ellos se les investiga por delitos de integración en organización terrorista, blanqueo de capitales, trata de seres humanos y delitos fiscales.
Así mismo la operación afecta a otras doce personas investigadas que no han sido puestas a disposición judicial. Por otro lado, tras 14 registros llevados a cabo en Madrid, Valencia y Toledo, se ha incautado documentación y otros efectos que sirven a la investigación judicial, que se instruye bajo secreto de sumario.
Los principales cabecillas del clan familiar eran sirios que contaban con la nacionalidad española y que llevaban tiempo residiendo en España, si bien entre los investigados también hay magrebíes y subsaharianos.
Uno de los arrestados y miembro del clan que dirige la organización fue detenido en Siria en 2008 y llegó a ser condenado por participar en un atentado y pertenecer a la organización terrorista yihadista ‘Fatah al Islam’. Fue después de cumplir su condenad cuando regresó a España para participar en los negocios de la familia.
La investigación, que ha recibido el apoyo de Europol, apunta a vínculos familiares de los cabecillas con integrantes de Al Qaeda en la región de Idlib, Siria, al tiempo en que señala que gran parte del dinero en ‘b’ que manejaban era enviado a esta zona para apoyar económicamente a las milicias terroristas que subsisten en el lugar.
Según Interior, la organización se encuadra presuntamente en una macroestructura financiera internacional de naturaleza clandestina cuyo objetivo es la "grave desestabilización del sistema económico capitalista occidental y el sostenimiento y apoyo a organizaciones terroristas yihadistas a Al-Qaeda y afines".
El sistema se basaba, tal como indica expertos en financiación del terrorismo de la Comisaría General de Información, en la falsificación de facturas, conceptos y registros.
El dinero era enviado a través de distintos sistemas, como el uso de "correos humanos" que trasladaban el dinero de forma ilegal eludiendo las regulaciones del blanqueo de capitales, o el envío de maletas con dinero oculto.