El autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo y sospechoso de su asesinato, Jorge Ignacio P.J., deberá comparecer de nuevo ante el juez instructor para escuchar la imputación de nuevos delitos, narcotráfico y agresión sexual, que le atribuyen tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares.
Jorge Ignacio P.J., de origen colombiano, tiene antecedentes por narcotráfico y se encontraba en situación irregular en España cuando supuestamente cometió el crimen, en noviembre de 2019 en la localidad valenciana de Manuel. Hasta la fecha estaba investigado por el fallecimiento de Marta Calvo y otras dos mujeres (Arlene y Lady Marcela, ambas en la ciudad de Valencia), además de una tentativa de homicidio; y había sido denunciado por otras chicas por la práctica de relaciones sexuales con cocaína, una sustancia que pudo haber sido determinante en la intoxicación fatal de las jóvenes.
Después de las últimas declaraciones testificales, producidas a finales del pasado mes de diciembre, la Fiscalía reclamó que el sospechoso fuese investigado también por delitos contra la salud pública, por la droga implicada en los distintos hechos, intento de homicidio y omisión de socorro; mientras que el resto de acusaciones le atribuyeron también los delitos de daños morales, agresión sexual y profanación del cadáver de Marta.
Según ha explicado a EFE el abogado Juan Carlos Navarro, que representa a los familiares de Arlene y Lady Marcela y a dos de las jóvenes que han denunciado al mismo hombre por agresiones, estas nuevas imputaciones tienen su origen en lo declarado por las chicas que mantuvieron encuentros con el sospechoso y que aseguraron haber sido drogadas. Por ello, considera que el acusado es responsable de al menos cuatro delitos de agresión sexual y otros tantos de narcotráfico.
El detenido, que se entregó el 4 de diciembre de 2019 en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia), sostiene que la muerte de Marta Calvo fue "un accidente" tras haber mantenido una relación sexual con consumo de cocaína, y que procedió a desmembrar el cuerpo, cuyas partes distribuyó en varios contenedores.
Tras ocho meses de búsqueda y miles de toneladas de basura revisadas, la Guardia Civil no halló ningún resto humano en el vertedero de Dos Aguas, que recibe los contenedores de l'Olleria y Alzira, donde supuestamente el autor confeso del crimen arrojó los restos del cuerpo de la joven.