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El Gobierno ya ha puesto fecha de caducidad a los plásticos de usar y tirar. El Consejo de Ministros de este martes votará el primer anteproyecto de ley de Residuos y Suelos contaminados para iniciar así su tramitación. que limita los plásticos de un solo uso y dice adiós a las pajitas, a los bastoncillos o a los platos y la cubertería desechables.
Estarán prohibidos en España a partir del 3 de julio del año que viene. Desaparecerán de bares y restaurantes los recipientes y vasos para alimentos y bebidas, incluidos sus tapas y tapones. Y los locales los cobrarán, aunque eso será en enero de 2023. El objetivo es que dentro de 10 años, se usen un 70% menos todos esos objetos que contaminan el medioambiente.
Tendremos todos que ir pensando en un mundo sin botellas de plástico, ni cubiertos desechables de este material, por lo que bares y restaurantes tendrán que ofrecer a los clientes agua gratis no envasada. El Gobierno plantea instalar fuentes de agua para garantizar su consumo a la ciudadanía.
También quedarán prohibidos desde julio del 2020 cualquier producto de plástico que se fabrique con plástico oxodegradable, así como los cosméticos y detergentes que tengan microplásticos añadidos de forma intencionada.
La ley forma parte del plan para impulsar una economía circular y baja en carbono y cumplir con los nuevos objetivos del Paquete de Economía Circular de la Unión Europea y la directiva de plásticos de un solo uso.
La ley limitará además de los vasos de bebidas, sus tapas y tapones, cajas, con o sin tapa, usadas como contenedores de alimentos de usar y tirar. El texto fija que en 2026 se tendrá que reducir un 50% la comercialización de estos objetos, con respecto a 2022. En 2030, esa reducción tendrá que ser del 70 %. En ese sentido, se buscarán alternativas reutilizables o de otro material no plástico.
Se busca la mayor eficacia en la gestión de residuos para conseguir en 2030 una reducción de unos 10 millones de toneladas de emisiones de gases de efectos invernadero.
Se cambiará el diseño de estos recipientes, por ejemplo que los tapones permanezcan unidos al recipiente y que las botellas, sean de al menos un 25 o 30 % de plástico reciclado, así como que se promueva la concienciación entre los consumidores.
La ley también plantea medidas para reducir el desperdicio de alimentos como el fomento de la donación de alimentos e insta a las administraciones a tomar medidas para frenar la generación de basura dispersa en el medio marino. Del mismo modo, el texto incluye el reto de luchar contra la obsolescencia programada a través del diseño, la fabricación y el uso de productos eficientes con la fabricación de objetos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables.
Una de las propuestas para reducir los envases de agua es fomentar las fuentes de agua y que la hostelería y restauración ofrezca "siempre" a los consumidores, clientes o usuarios la opción de agua no envasada "gratuita".
Desde 2021 estará prohibido destruir los productos no vendidos y no perecederos, como ropa, juguetes, aparatos eléctricos, excepto cuando estos puedan destruirse conforme a otra normativa respetuosa.
Se implantarán nuevos flujos de recogida separada de residuos, como por ejemplo los biorresiduos, desde el 31 de diciembre de 2021 para municipios de más de 5.000 habitantes y a 31 de diciembre de 2023 para el resto; y textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos, antes del 31 de diciembre de 2024.
La nueva ley contempla un régimen sancionador con nuevas infracciones, de modo que el abandono de basura en el medio ambiente será considerado "infracción muy grave", así como el vertido y la gestión incontrolada de residuos peligrosos y también de cualquier otro tipo de residuos, en este segundo caso, siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. Cuando no haya supuesto estos riesgos, se considerará infracción grave.
Por último, señala que también será "muy grave" entrar en un territorio nacional con residuos peligrosos de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un país tercero, así como la salida de residuos peligrosos hacia los citados lugares, sin obtener los permisos y autorizaciones exigidos por la legislación comunitaria.