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El Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Plataforma 'Educación Inclusiva Sí, Especial También', organización formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes, contra la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá.
La plataforma pone de manifiesto que el Gobierno de España vulnera con esta ley los derechos de una parte de alumnos con discapacidad, sin escuchar sus voces ni las de sus familias. Por ello, la Plataforma ha pedido amparo al Parlamento Europeo para que declare el derecho de los niños y niñas con discapacidad a recibir su educación en aquella modalidad que garantice el interés superior del menor y el derecho a la educación de los alumnos en Centros Especializados en España, cuando así se garantice la mayor protección del mismo.
Asimismo, reclama a este órgano legislativo que requiera al Gobierno español para que garantice que dicho derecho pueda ser ejercido de forma efectiva y gratuita por cualquier alumno que así lo requiera, sea o no el régimen más inclusivo, y respete el derecho de las familias que quieran escolarizar a sus hijos en centros especializados a no ser discriminadas en cuanto al régimen de resolución de discrepancias con la administración, e inste al Ejecutivo a enmendar dicha discriminación en el ulterior desarrollo reglamentario de la Ley.
Por último, solicita se tenga en cuenta la opinión del colectivo afectado por estas disposiciones legales contrarias al derecho de la Unión Europea.
'Educación Inclusiva Sí, Especial También' denuncia que la LOMLOE no ha tenido en cuenta ni la voluntad ni la opinión de las personas afectadas, no se garantiza la subsistencia de las escuelas de educación especializada en España y discrimina a los padres que prefieren que sus hijos se eduquen en una escuela especializada cuando sus características y necesidades lo requieran, no dejándoles ejercer su derecho a una educación especializada.
Según el colectivo, el objetivo de la LOMLOE es el desmantelamiento de los centros de Educación Especial, como, a su juicio, demuestran las siguientes palabras de la propia ministra Celaá en el Senado en diciembre de 218: “El objetivo del Gobierno es impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión, que brinden asesoramiento y la ayuda necesaria para que el alumnado que actualmente está escolarizado en esos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a centros ordinarios”.
La plataforma señala que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Celaá ha previsto la elaboración de un plan para que en el plazo de diez años los centros de Educación Especial se transformen en centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Dicho plan, sin dotación presupuestaria alguna, prevé el trasvase de los alumnos de educación especial a educación ordinaria, dejando únicamente en los centros de educación especial a aquellos que requieran una atención muy especializada.
"Esperamos que el Parlamento Europeo nos escuche y pueda enmendar una situación absolutamente injusta y discriminatoria que solo causará el perjuicio de miles de niños y niña que hoy acuden a los más de 485 centros de Educación Especial que hay en España y atenta directamente contra el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos", añaden desde la plataforma.