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La negativa de Vox a apoyar en Andalucía ninguna iniciativa del Gobierno regional del PP y Ciudadanos mientras no se implante "de una forma suficiente y satisfactoria" el llamado pin parental vuelve a poner el foco en el debate escolar sobre esta herramienta, ya puesta en marcha en Murcia y que podría aplicarse en otras comunidades, frente a la oposición de otros padres, sindicatos y asociaciones. Pero ¿qué es exactamente y en qué consiste este pin parental?
Según el planteamiento de Vox, se trata de "una solicitud dirigida a los directores de los centros educativos" para que informe previamente, "a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos" para que los progenitores puedan conocerlas y analizarlas de antemano, "reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación".
Así, los padres tienen la posibilidad de limitar la participación de los alumnos en ciertos talleres, sobre todo los de sexualidad, que son los que más parecen preocupar al partido de Abascal. Sin embargo, los contenidos sobre esta materia y LGTBI están contemplados en las leyes autonómicas y tienen el objetivo de educar en la diversidad.
Para Vox, el pin parental es una medida necesaria "ante el evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros menores en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género".
El Ministerio de Educación tiene claro que el pin parental es una "censura previa" por parte de los padres a las actividades programadas por los colegios y recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa en este sentido. El veto de los progenitores a la asistencia a estas actividades no deja de ser una "objeción de conciencia encubierta" que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española, según la ministra Isabel Celaá, que defiende la competencia de los docentes para diseñar las actividades que consideren convenientes.
"Los hijos no pertenecen a los padres", ha llegado a decir Celaá, quien sostiene que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales no pueden estar por encima del derecho de los niños a recibir una educación. Para ello se escuda en el artículo 27 de la Constitución y en los artículos 1, 78, 84.3 y 124.2 de la Ley de Educación y en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE contra el Racismo y la Intolerancia.
Además, esgrime que el pin va en contra de la Ley de Violencia de Género y de las leyes autonómicas LGTBI, que expresamente dicen que se tiene que dar formación en los colegios sobre este tipo de contenidos.
Vox, PP y las familias defensoras del pin parental argumentan que son contenidos delicados y prefieren enseñárselos en casa, en vez de confiarlos a personas que, en muchos casos, son ajenas al centro educativo. Por su parte, los colectivos LGTBI consideran que esta medida supone privar a los menores de su derecho a conocer la realidad y seguir desprotegiendo a la infancia.
Según el PP, debe haber alguna forma de evitar los contenidos "adoctrinadores" para no atentar contra la libertad ideológica de los menores. La clave está en determinar se estos contenidos perjudican o no a los niños y en delimitar si son actividades extracurriculares, como defienden los 'populares', o si se trata de actividades complementarias y evaluables, como defiende el Gobierno. La Ley de Educación deja claro que todos los alumnos deben participar en las complementarias, pero si un juez determina que ciertas actividades no afectan al contenido del programa los padres podrían sacar a sus hijos de esas materias.
La objeción de conciencia la contempla el ordenamiento jurídico para casos muy concretos, y no parece que sea éste el caso. El Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes.
En 2009, el Tribunal Supremo determinó que no se podía objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que tenía contenidos parecidos a los que se ponen en cuestión ahora. Es por eso por lo que Vox se ha inventado el nombre de pin parental y no habla de objeción de conciencia.
El pin parental está implantado en Murcia desde el pasado mes de septiembre. En agosto, la Consejería de Educación, del PP, dictó una resolución con las instrucciones de comienzo de curso 2019/2020 en las que se establece que "se dará conocimiento a las familias" al comienzo de curso de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y son impartidas por personal ajeno al centro educativo "con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".
De hecho, esta resolución fue uno de los requisitos para que Vox apoyara la investidura del PP y ahora ha servido para cerrar los presupuestos de la región. Su debate también está en el centro de la negociación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos es contrario a su aprobación, pero la Consejería de Educación, al igual que en Murcia, le corresponde al PP.
El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, anunció este jueves ante el Pleno del Parlamento que su grupo dejará de apoyar más iniciativas del Gobierno andaluz de Juanma Moreno hasta que no implante el pin parental en la comunidad autónoma.
"Mi grupo dejará de apoyar con sus votos cualquier iniciativa que provenga de su Gobierno o de los partidos que lo sustentan en pleno y en comisiones. No cuente con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismos para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos", indicó Hernández.
Además, el portavoz de Vox puso de manifiesto el malestar de su grupo por las declaraciones del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y de otros miembros de Cs negando que en Andalucía se fuera a implantar el pin parental, pese a que eso fue lo que ambos firmaron en el pasado Pleno del Parlamento como condición para apoyar el decreto ley de la Junta en materia educativa.
Imbroda anunció posteriormente que prevé mantener una reunión con Vox para "clarificar lo acordado" respecto a las actividades escolares complementarias. En ese sentido, indicó que su departamento trabaja en mejorar la información y comunicación de los proyectos educativos para que las familias puedan "elegir libremente el modelo educativo que quieran, sin ningún tipo de imposición".
Asimismo, quiso dejar claro que, en los dos años del actual Gobierno andaluz de PP-A y Cs, sobre "ese supuesto adoctrinamiento ideológico del que se está hablando" sólo se han producido dos denuncias en centros educativos. "En las aulas andaluzas no hay adoctrinamiento ideológico", sentenció el consejero, quien expresó su "absoluta confianza en los docentes y en los proyectos educativos de nuestros centros".
En cuanto a la insistencia de Vox en hablar de "pin parental", señaló que Andalucía "no tiene un problema semántico" y nuestro sistema educativo sí que tiene aún "muchas necesidades", y es de lo que nos tenemos que preocupar.
Imbroda subrayó que el documento que firmó con Vox "no aparece el término pin parental y si ellos quieren llamar pin parental a la mejora de la información y de la comunicación, como nosotros nos hemos comprometido, para que las familias conozcan los proyectos educativos de los centros, me parece bien, pero no es sometimiento ni imposición de nada, es mejora, que es lo que nosotros vamos a hacer".