La redacción de la Constitución es mayormente correcta en cuanto a lenguaje inclusivo se refiere. Necesitaría “algunas modificaciones” pero no “grandes cambios”. Esa es la principal conclusión de Real Academia Española (RAE) tras analizar durante año y medio el texto de la Carta Magna a petición del Gobierno.
La Academia recoge sus conclusiones en un informe titulado “El buen uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española” y, no se aparta de la doctrina oficial marcada ya ocho años en el dossier “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”. En ese texto sostenía que el hecho de “seguir la directriz de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo” no garantiza “la visibilidad de la mujer” y concluía que no tiene sentido “impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real”
En todo caso, el texto del nuevo informe “no es totalmente contrario” al lenguaje inclusivo, según fuentes citadas por Europa Press: "Sí recoge algunos cambios y decir únicamente que rechaza de pleno el lenguaje inclusivo sería dinamitar el trabajo de todos estos meses".
Una de las recomendaciones que, al parecer, recoge el informe, es incluir la palabra “reina”, un término que no aparece en la Constitución. Las mismas fuentes recuerdan que el director de la Institución ha dicho en otras ocasiones que “la RAE no hace recomendaciones sobre cambios en el lenguaje ni políticas legislativas, sino que simplemente explica cómo hablan la mayoría de los hablantes”.
La RAE ha informado oficialmente de las conclusiones de su pleno en una escueta nota en la que explica que el informe se ha aprobado y que “se ha enviado inmediatamente al Gobierno, puesto que es el peticionario del mismo". En todo caso, dada la expectación creada sobre el asunto, el director y varios de los académicos ofrecerán el próximo lunes una rueda de prensa para detallar el contenido del informe.
Hace año y medio que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, solicitó a la RAE el informe sobre el uso del lenguaje inclusivo de la Constitución. Una comisión de cuatro académicos -Pedro Álvarez de Miranda, Paz Battaner, Ignacio Bosque e Inés Fernández-Ordóñez- ha sido la encargada de la elaboración del informe, de 30 páginas. Una vez finalizado, la academia abordó el estudio de sus conclusiones por primera vez el 5 de diciembre. Han sido necesarios cinco plenos para su aprobación final.