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¿Hay que cambiar la Constitución para adaptarla a un lenguaje más inclusivo? Eso es lo que el pleno de la Real Academia Española (RAE) aborda en su próxima reunión. No es la primera vez que lo hace. De hecho, es la quinta. Cinco plenos para decidir si es necesario actualizar y poner al día –lingüísticamente hablando- del texto de la Carta Magna que las Cortes aprobaron, previo referéndum, en 1978.
Todo comenzó en julio de 2018. La recién estrenada vicepresidenta, Carmen Calvo, encargó a la RAE un informe sobre el lenguaje de la Constitución y le pidió su opinión sobre la posibilidad de reformarlo con un nuevo criterio, el del lenguaje inclusivo. Una comisión paritaria -cuatro académicos, dos hombres y dos mujeres, Pedro Álvarez de Miranda, Paz Battaner, Ignacio Bosque e Inés Fernández-Ordóñez- se puso manos a la obra y redactó el informe.
El caso es que han sido tiempos de cambio en la RAE y tiempos de cambio en la política española. Y el caso es que es un informe delicado y polémico. Y la evaluación formal se ha ido posponiendo. La primera vez que un pleno de la RAE abordó el asunto fue el 5 de diciembre de 2018. Y se ha tratado en tres plenos más sin que, hasta ahora, la Academia se haya pronunciado oficialmente sobre el asunto.
¿Qué pedía Carmen Calvo? Pues saber si es posible adaptar el texto jurídico y redactarlo con un lenguaje inclusivo. Esto es, que no obvie a las mujeres en su redacción. Eso no significa necesariamente desdoblar todos los términos, sino priorizar los que no tienen un género marcado. En todo caso cabe recordar que en la Carta Magna, según el recuento de Álex Grijelmo en “Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo”, se utiliza únicamente dos veces el término “mujer”.
En su doctrina oficial, la RAE sostiene que los desdoblamientos son “artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico” y que la mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto”. “La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos”, concluye.
En su informe “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, de 2012, el catedrático de la RAE Ignacio Bosque alerta de la proliferación de guías de lenguaje no sexista editadas sin la intervención de profesionales del lenguaje. Subraya que es cierto que existe la discriminación de la mujer y la existencia de comportamientos verbales sexistas, pero al mismo tiempo insiste en que es insostenible suponer que si “el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua” no siguen la directriz de “hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo” no garantizan “la visibilidad de la mujer”.
Su conclusión es que no tiene sentido “forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad”, “impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real” ni “pensar que las convenciones gramaticales nos impiden expresar en libertad nuestros pensamientos o interpretar el de los demás”.
Está claro que discrepa totalmente de quienes en los últimos años, fundamentalmente desde el movimiento feminista, abogan por ese cambio del lenguaje que se utiliza las instituciones. “Todo lo que sea utilizar el masculino como genérico invisibiliza a las mujeres y las excluye (…) Cuando se nombra a mujeres y hombres no se está duplicando, se está nombrando, se dice lo que se quiere decir, que había hombres y mujeres” explica, por ejemplo, Nuria Varela en “Feminismo para principiantes”.
La opinión de la RAE está de actualidad no sólo por el desdoblamento del lenguaje. El pasado lunes, en su acto de toma de posesión en el palacio de la Zarzuela, las recién nombradas ministras de Igualdad y de Trabajo, Irene Montero y Yolanda Díaz, prometieron “guardar las deliberaciones del Consejo de Ministras”.
Y la RAE, en respuesta a una usuaria que consultó por internet, dijo que la fórmula era incorrecta: "Si ese órgano de Gobierno estuviera constituido solo por mujeres, habría de denominarse Consejo de Ministras; pero esa fórmula no es gramaticalmente aceptable si en el Gobierno hay ministros varones", ha señalado la institución. “El femenino –dice la institución- como término marcado de la oposición de género, sólo incluye en la referencia a las mujeres”.