Los diputados de la oposición han lucido un lazo naranja por la iniciativa impulsada por el Partido Popular contra la llamada 'Ley Celáa'. Numerosas plataformas educativas y colegios concertados de toda España han compartido la protesta.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado este martes que la reforma educativa garantizará que todos los alumnos tengan "dominio pleno y equivalente" del castellano, en convivencia con la lengua cooficial de la región, y ha manifestado sobre las críticas suscitadas por la nueva ley: "¡Fuera catastrofismos!".
Algunos colectivos, como CESUR y 'Más Plurales', piden la paralización de la ley por "dañar la integridad de la educación privada", y UPN ya anunciado que la recurrirá por "vulnerar derechos y libertades fundamentales".
El español no está incluido en la Ley Celaá como lengua vehicularcomo lengua vehicular, un acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y ERC. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir la educación en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.
Este asunto es el que más ha preocupado a los políticos hasta ahora. El líder del PP, Pablo Casado, ha hablado de "contrarreforma educativa" y ha dicho que es "ridículo" limitar el uso del español. La presidenta de C’s Inés Arrimada ha hablado un “mercadeo” que ha terminado con un recorte de libertades.