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El debate la Lomloe o ley Celaá ha acabado en el Congreso en medio de gritos de "libertad" por parte de diputados del PP y de Vox, entre otros, a la vez que la bancada socialista y la de Unidas Podemos aplaudían a la portavoz educativa de PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha defendido la norma. Para la ministra de Educación, Isabel Celaá, es una ley “moderna” y “bienvenida” pero lo cierto es que el trato que recibe el español, la escuela concertada o los centros de educación especial son los puntos más controvertidos.
Los gritos y aplausos se han unido al finalizar el turno de palabra de todos los portavoces de Educación de la Cámara Baja, que han expresado su defensa o su crítica sobre la que será la octava ley educativa en democracia. Luz Martínez Seijo, diputada socialista, ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de difundir mentiras sobre que la Lomloe va a acabar con la libertad de los padres para elegir centro educativo o que puedan pedir enseñanza en castellano.
"Ya está bien de utilizar la palabra libertad solo para los que tienen recursos y obvian a los que no los tienen y no tienen libertad para decidir", ha dicho la diputada socialista. Asimismo, ha criticado que los centros concertados estén "manipulando" y "utilizando" a menores de edad en los patios de sus colegios para ponerles en contra de la norma a través de lectura de manifiestos.
Por el contrario, Sandra Moneo (PP), Marta Martín (Ciudadanos) y Joaquín Robles (Vox) han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional e incluso a la Comisión Europea porque la ley Celaá impide la elección de centro a las familias, por ejemplo, uno concertado y los de educación especial.
De momento, hoy hemos visto al líder popular, Pablo Casado, firmando en una carpa frente al Congreso, donde el PP ha emprendido una campaña de recogidas de firmas que recuerda a la que puso en marcha cuando recurrió al Constitucional la Ley del matrimonio homosexual.
El español no está incluido en la Ley Celaá como lengua vehicular, un acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y ERC. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir la educación en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.
Este asunto es el que más ha preocupado a los políticos hasta ahora. El líder del PP, Pablo Casado, ha hablado de "contrarreforma educativa" y ha dicho que es "ridículo" limitar el uso del español. La presidenta de C’s Inés Arrimada ha hablado un “mercadeo” que ha terminado con un recorte de libertades.
Quienes defienden la escuela concertada consideran la Lomloe un atentado contra la libertad de elección de centro. Esta norma elimina la 'demanda social' para abrir nuevos centros concertados o aumentar plazas. Además, se establece el incremento progresivo de puestos escolares en la red pública y los municipios ayudarán a ello con la concesión de terrenos de su propiedad para hacer colegios públicos.
Además, los centros concertados no podrán recibir cuotas de las familias por las enseñanzas de carácter gratuito, ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Tampoco está permitido que los centros financiados con dinero público segreguen a los alumnos por sexo.
Para muchas familias con hijos con necesidades educativas especiales, la Lomloe solo pretende el cierre de los centros de educación especial donde acuden ahora sus niños. La norma impone que en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.
Así, las cosas la ley Celaá, la octava ley educativa de la democracia, llega sin consenso, como siempre. La ministra del ramo ha asegurado que es una ley “bienvenida” y “modernizadora”.
La Lomloe saldrá adelante con la mayoría justa. Con solo 178 votos afirmativos, ya que al ser una ley orgánica necesita 176. El PNV, que la apoya a permanecido sentando cuando en el hemiciclo se han escuchado los gritos de libertad de la oposición. La duda la pone Bildu, entre la abstención o el sí.