La gestación subrogada, conocida popularmente como vientres de alquiler, es el método por el cual una mujer se queda embarazada, lleva la gestación y después entrega al bebé a esa persona o pareja con la que haya acordado.
Se trata de una práctica que reúne fuertes controversias éticas, legales y sociales, con una amplia parte de la población que lo considera una forma de explotación de las mujeres. Sin embargo, hay otras personas que lo defienden amparándose en el ejercicio de la libertad individual.
En España este método está totalmente prohibido, y así lo recoge la La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que declara en su artículo 10, recogido en el BOE, sobre la gestación por sustitución que:
"1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero."
Sin embargo, la ley no impide, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que esos bebés nacidos por vientres de alquiler sean registrados finalmente como españoles y reconocer la identidad del niño.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, prevé tener el próximo mes de diciembre una propuesta de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y ha anunciado que abordará el duelo perinatal.
La ley reconocerá los llamados vientres de alquiler "como forma de violencia contra las mujeres" y como una forma de "explotación reproductiva".
Carmen Calvo, la actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, también ha dejado clara su postura y la del PSOE en varias ocasiones respecto a esta práctica: Durante su mandato como vicepresidenta del Gobierno prometió que el Ejecutivo adoptaría medidas contra la trata de mujeres para la prostitución y para "proteger a las mujeres del mundo que venden su vientre" a españoles para entregarles a sus hijos.
Respecto al rechazo de la llamada "maternidad subrogada", recalcaba que el PSOE defiende las "libertades para todos, no para las élites, no para los que se lo pueden pagar".