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El Pleno del Congreso ha abierto las puertas a la tramitación de la proposición de ley socialista para despenalizar la eutanasia. La exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha sido la encargada de defender la propuesta, que ha contado con el respaldo de todos los grupos salvo Partido Popular y Vox en el marco de la tercera vez que esta ley llega al Congreso.
El vídeo que grabó Ángel ayudando a su mujer, María José, a morir volvió a poner el foco en el debate de la eutanasia.
Este 11 de febrero el PSOE ha llevado su ley al Congreso por tercera vez en año y medio. En la primera ocasión, la norma se quedó a mitad de camino por el adelanto electoral. En la segunda, ni siquiera echó a andar por el bloqueo político. Esta vez, podrá ser la definitiva...
“Es una ley muy trabajada con el sector sanitario y con profesionales del derecho para dotar de garantías a los profesionales sanitarios y a la persona que quiere que se le reconozca ese derecho”, ha explicado la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.
Ciudadanos, criticado por su ambigüedad en este asunto, ha apoyado ahora la norma del PSOE porque cree que es compatible con su ley de muerte digna. “Son dos leyes totalmente complementarias, son dos leyes que regulan dos cosas distintas pero que garantizan la libertad de elección”, ha dicho Edmundo Bal, portavoz naranja en el Congreso.
Sólo Vox y PP han votado en contra. “Una ley de eutanasia no es la demanda de los profesionales sanitarios ni es una cuestión pacífica dentro de la sociedad española”, ha explicado Cuca Gamarra, secretaria de política social de los populares. En el PP insisten en una ley de cuidados paliativos.
La regulación de la eutanasia, que este martes se ha sometido a su primer trámite parlamentario con la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por el grupo socialista, tiene como objetivo dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda social.
La ley pretende regular el derecho de las personas que cumplan las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir.
Toda persona mayor de edad con nacionalidad española o residencia legal en España y en plena capacidad de obrar y decidir puede solicitar y recibir dicha ayuda. Lo tiene que hacer de forma autónoma, consciente e informada, y encontrarse en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables.
La solicitud de la prestación de ayuda para morir deberá hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el paciente.
Se deberá hacer en dos solicitudes de manera voluntaria, dejando una separación de quince días naturales entre ambas. Cuando el facultativo considere que la muerte es inminente, se aceptará cualquier período menor.
En caso de estar impedido físicamente, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia.
El documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará y se podrá revocar en cualquier momento.
Esa ayuda se puede solicitar también mediante el documento de instrucciones previas o equivalente que ya existe en el ordenamiento jurídico.
La ley prevé la existencia de una Comisión de Control y Evaluación para comprobar si concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.
La resolución definitiva de la Comisión deberá ponerse, en el plazo más breve posible, en conocimiento del médico o médica responsable que realizó la comunicación para proceder, en su caso, a realizar la prestación de ayuda a morir.
Existirá una Comisión en cada una de las comunidades autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla.
En el caso de que el paciente se encuentre consciente, éste deberá comunicar al médico responsable la modalidad en la que quiere recibir la prestación.
La ley establece dos modalidades: una de ellas es la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente que lo asistirá hasta el momento de su muerte.
En el supuesto de que el médico prescriba o suministre una sustancia de manera que el paciente se la pueda autoadministrar, ya sea en el propio centro sanitario o en su domicilio, mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a éste hasta el momento de su fallecimiento.
La prestación de la ayuda a morir estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
Para asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de ayuda para morir, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud deberá elaborar en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley un manual de buenas prácticas.
Se realizará en centros sanitarios públicos, privados, o concertados, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza.
Los profesionales sanitarios tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria y las administraciones sanitarias crearán un Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.
La muerte derivada de esta prestación tendrá la consideración de muerte natural a todos los efectos.
Las denegaciones de la prestaciones de ayuda para morir deben de realizarse por escrito y de manera motivada por el médico responsable (salvo que la misma derive del ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria).
Contra dicha denegación, la persona solicitante podrá reclamar en el plazo de cinco días ante la Comisión de Control y Evaluación.
Esta ley modificará el Código Penal para que no sea punible la conducta del médico que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante, en los términos establecidos en la normativa sanitaria.
Los centros sanitarios que realicen la prestación de ayuda para morir adoptarán las medidas necesarias para asegurar la intimidad de las personas y la confidencialidad del tratamiento de sus datos. Contarán con custodia activa de las historias clínicas.