El Gobierno de Filipinas impuso el pasado 16 de marzo una cuarentena estricta en la isla de Luzón (la más grande del país, donde está Manila) para intentar frenar la expansión del coronavirus. Pese a ello, hay gente que sigue saliendo a la calle y saltándose las normas. Las autoridades locales responden a estos actos con mucha dureza, incluso, según denuncia Human Rights Watch, ignorando los derechos humanos.
Algunos de los castigos impuestos a aquellos que no se quedan en sus casas incluyen ser encerrados en jaulas de perros o permanecer bajo el sol durante horas. Human Rights Watch ha denunciado esta situación en un comunicado: “La policía y los funcionarios locales deben respetar los derechos de las personas arrestadas por violar el toque de queda y otras regulaciones de salud pública”.
Desde que se implantó la cuarentena, la policía a ha detenido a centenares de personas. La agencia Efe detalla algunos de los castigos que se han impuesto:
Otro aspecto que preocupa mucho a Human Roghts Watch es la saturación de los centros de detención, ya de por sí muy abarrotados.
En Filipinas se han registrado 636 positivos por coronavirus y 38 fallecimientos, aunque se cree hay muchos más. Para luchar contra el COVID-19, el Congreso de Filipinas dio al presidente Rodrigo Duterte poderes extraordinarios. El plan de acción, en lugar de estar dirigido por el Departamento de Sanidad, está encabezado por el Ejército y la Policía. Los críticos denuncian esta situación, que consideran represiva.