El jurista valenciano Javier Vilalta ha tenido que responder ante un juzgado sobre su orientación sexual a raíz de la demanda que su exmujer le presentó en busca de la nulidad de su matrimonio y de una indemnización de 10.000 euros, al considerarse engañada por él en el momento en que decidieron casarse.

La demanda ha sido presentada nueve años después del divorcio, sobre la base de que es ahora cuando la exmujer de Vilalta ha conocido la supuesta homosexualidad del marido, que según la demandante le fue ocultada en el momento de la boda.

Javier Molpeceres, abogado de Vilalta, señala que su cliente ha debido responder ante el juzgado sobre su orientación sexual porque "negarse a hacerlo habría podido interpretarse como admisión de los hechos de la demanda. De hecho, él quería declarar en la vista, para reclamar su libertad, pero ni el fiscal ni la otra parte lo pidieron y no pudo hacerlo".

La Fiscalía pidió la desestimación de la demanda en la vista oral que se celebró la semana pasada en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El procedimiento que ha llevado a que Vilalta tenga la sensación de que se somete a juicio su libertad sexual tiene su origen en el Código Civil, que contempla la posibilidad de nulidad cuando el consentimiento para el matrimonio se produce desde el error o el engaño de una de las partes; la exmujer considera que se le ocultó la homosexualidad y que, de haberla conocido, no habría accedido al matrimonio.

"El Código Civil habla de error o engaño, pero luego es la jurisprudencia la que interpreta esa previsión, y en un listado de supuestos esa jurisprudencia señala la homosexualidad como una patología. Eso es lo que tenemos voluntad de combatir", explica el letrado.

Vilalta defiende que no se trató de una ocultación deliberada de su homosexualidad, sino que en el momento de casarse lo hizo desde la conciencia de tener la condición heterosexual, algo cierto aunque hubiera tenido alguna experiencia homosexual anterior y aunque, años después de divorciado, haya cambiado su orientación.

En ese sentido se declara bisexual, una condición que, según opina, permite tener un matrimonio heterosexual perfectamente. Esta orientación, sobre la que no debería verse obligado a declarar ante un juez, explica su abogado, no afectó a los cinco años de relación, dos de noviazgo y tres de matrimonio, con la mujer demandante.

Preguntada por este caso, la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado este miércoles que "es hora" de que algunos preceptos "obsoletos" del Código Civil, que data de 1889, se revisen "a la luz de la Constitución y de los derechos fundamentales", como la nulidad en los procesos matrimoniales, pues figuras como el divorcio no existían en ese momento.

"Nadie debería ser obligado a declarar sobre su orientación sexual, y que eso pueda constituir en pleno siglo XXI un motivo de nulidad, cuando el ordenamiento jurídico y las relaciones familiares, incluso el derecho matrimonial, ha avanzado muchísimo", ha afirmado.

A juicio de Oltra, "cualquier artículo antiguo de cualquier ley" no se puede desvincular del mandato constitucional, que está en la cúspide del ordenamiento jurídico, y así deberían verlo en el ámbito judicial, sobre todo con preceptos como este, que "no casan con los derechos fundamentales" de la Carta Magna.