El proyecto de ley orgánica educativa que lidera la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, llega este miércoles al Congreso para enfrentarse a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos.

Derogar la Lomce o "ley Wert", vigente desde 2013, es el principal objetivo del Gobierno, mientras que los partidos antes citados son contrarios a una reforma que tachan de ideológica y que critican por quitar peso a los centros concertados o al castellano en las comunidades con lengua cooficial.

Además, PP, Vox y Ciudadanos coinciden en criticar que se quiera aprobar una norma sin consenso y en estos momentos de crisis sanitaria.

Estas son las principales claves del proyecto de la ley orgánica de modificación de la LOE de 2006, denominado Lomloe o "ley Celaá":

- Primer ciclo de Infantil de 0 a 3 años: refuerzo del carácter educativo con requisitos mínimos y una propuesta pedagógica.

- Educación Primaria: vuelven a ser tres ciclos de dos cursos cada uno.

- Asignaturas: desaparece la división que hacía la Lomce de las asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración en Primaria y Secundaria. Se proponen materias obligatorias y optativas.

- Religión: se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media para becas o los procesos de acceso a la universidad.

- Educación en valores cívicos y éticos: se estudiará en cursos de Primaria y Secundaria, con especial atención al conocimiento y respeto de los derechos humanos y de la infancia y a la igualdad entre hombres y mujeres.

- Currículo: los contenidos básicos del currículo serán diseñados por el Gobierno y se tendrán que cumplir en un 55 % de los horarios escolares en las comunidades que tengan lengua cooficial y en un 65 % en aquellas que no la tengan.

- Castellano y lenguas cooficiales: las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas.

- Colegios concertados: se elimina la "demanda social" para su oferta. Las administraciones regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados para garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales.

En dicha regulación se dispondrán medidas para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

- Bachillerato: las administraciones educativas regularán las condiciones para un Bachillerato progresivo en tres cursos. Excepcionalmente se puede obtener el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una. Se facilita el acceso a Bachillerato del alumnado de las enseñanzas de régimen especial.

- Repetición: pasa a ser un recurso excepcional.

- Prueba de acceso a la universidad: se recupera la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o Selectividad. Será necesaria la superación de una única prueba que, junto con las calificaciones de Bachillerato, valorará la madurez académica, conocimientos adquiridos y capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios.

- Filosofía: se incorpora como obligatoria la materia de Historia de la Filosofía, que actualmente se imparte como optativa, en segundo de Bachillerato. En primero sigue la asignatura de Filosofía.

- Reválidas: se eliminan y habrá evaluaciones de diagnóstico a final de etapa de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado. Tendrán carácter informativo, formativo y orientador. Serán muestrales y plurianules.

- Itinerarios de la ESO: se eliminan, estableciendo los Programas de Mejora de las Oportunidades a partir del tercer curso de Secundaria y con ellos se podrá obtener el título único de la ESO que permite acceder tanto al Bachillerato como a la FP.

- Educación Especial: el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para, además de escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

- Profesores: en el plazo de un año presentará la regulación de la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente.

- Formación Profesional: se eliminan requisitos de edad y se permite el acceso desde enseñanza de régimen especial. Se facilita cursarla de forma compatible con la actividad laboral. Programas de "segunda oportunidad" de carácter profesional para quienes abandonen la ESO sin título.

- Consejos escolares: tendrán mayor responsabilidad en la elección del director y en la gestión y evaluación de los centros. En el Consejo Escolar de los centros concertados habrá un concejal o representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.