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Las renovables no pueden satisfacer la demanda actual de energía. Es un hecho. La solución, en la etapa de transición ecológica hasta lograr un sistema de 'emisiones cero', pasa por contar con una fuente de respaldo. Vista la inestabilidad de los precios del gas, ha vuelto la discusión sobre la nuclear. Francia por ejemplo ya ha anunciado que construirá nuevos reactores, más pequeños y baratos.
En España, hay siete centrales nucleares, tres en desmantelamiento. Las otras seguirán sus pasos: tienen como fecha límite 2035. Pero de lo que no se habla, o no mucho, es de dónde ubicar los residuos que generan estas plantas.
Existen dos tipos de desechos nucleares, según su radioactividad. Los de baja y media actividad (RBMA) y los de alta actividad (RAA). Los primeros ya tienen su "cementerio": se acumulan desde 1961 en las instalaciones de El Cabril (Córdoba). Con los segundos, lleva planteándose desde 2004 la creación de un almacén temporal centralizado (ATC).
No fue hasta 2011 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy designó donde irían a "morir" los residuos nucleares españoles más radioactivos. Villar de Cañas, un pueblo de menos de 400 habitantes en Cuenca, fue el seleccionado.
Sin embargo, el proyecto se paralizó en 2018 cuando Pedro Sánchez llegó al Ejecutivo. Varios informes técnicos advertían de la falta de idoneidad de los terrenos elegidos -que elevaban el presupuesto inicial de 1.000 millones de euros. Ahora, el ATC está a la espera de lo que especifique el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), en tramitación. El anterior, aprobado en 2006, lleva "caducado" desde 2010.
Entonces, ¿dónde se almacenan los residuos de alta actividad? Pues en las propias centrales, ya que los RAA incluyen principalmente el combustible nuclear gastado. Una vez descargado del reactor, se guarda en una piscina, hasta que se enfría.
Cuando ésta se llena, se acumula en un almacén temporal individualizado (ATI) en seco. Parte de los residuos se pueden reutilizar, pero el paso final es enterrar los desechos en un almacén geológico profundo (AGP). Aunque solo en Finlandia están avanzados en la creación de uno. De ahí que el debate esté en la etapa intermedia.
Aquí, las opiniones son variadas. PP y Vox quieren mantener el ATC. Pero, desde el Gobierno son más partidarios de ampliar la red existente de almacenes individuales.
En agosto, la gestora de residuos nucleares, Enresa, aprobó la licitación (por valor de 220 millones de euros) para construir nuevos ATI en las centrales de Almaraz (Cáceres), Cofrentes (Valencia), Ascó y Vandellós II (Tarragona). Esta última planta es la única que no tiene almacén actualmente.
Pero todas han superado el 80% de ocupación en sus piscinas, según los últimos datos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). De hecho, Cofrentes estaba al 99% antes de poner en marcha su almacén en mayo de este año.
Los nuevos ATI estarán formados por cápsulas metálicas soldadas y envolventes de hormigón. En Almaraz permitirán vaciar las piscinas tras su parada definitiva, prevista en 2027 y 2028. En las otras tres, extenderá la capacidad de almacenamiento más allá de 2026.
Pero no todo el mundo está contento con este plan. La Asociación Española de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos (AMAC) se mostró contrariada ante el anuncio de agosto. Un punto de vista con el cuál el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, y sus vecinos coinciden, ya que ven el ATC como una oportunidad para "salvar" la economía local.
Desde Enresa señalaron que llegado el momento los contenedores se trasladarían a un depósito centralizado. De hecho, el borrador del VII Plan menciona el ATC. Estaría por ver donde se localiza… o si llega a construirse.
A los residuos en suelo español se suman los que tenemos al otro lado de los Pirineos. Hasta 1994 la central de Vandellós I envió parte de su combustible a reprocesar a Francia. Pero tiene que volver a España. Un proceso que se lleva retrasando al mismo ritmo que el ATC. El cálculo actual prevé el traslado para 2028.
Mientras tanto, desde el 1 de julio de 2017, Enresa paga una "penalización" por mantener allí los desechos. En 2020 el precio ascendió a 76.618,14 euros diarios - se revisa anualmente al alza-. Cuando los desechos vuelvan, se reembolsará lo pagado, restándole el coste del almacenamiento.
Todo esto mientras el desmantelamiento de las centrales nucleares avanza: debería culminar entre 2017 y 2035. El procedimiento en cada localización es de unos diez años.
En España hay siete centrales y diez reactores. Tres de ellos están siendo desmantelados:
Y, ¿cuánto cuesta? Según las últimas estimaciones de Enresa, el coste total de cerrar Garoña ascendería a 468 millones de euros, incluyendo el desmantelamiento y la gestión de combustible gastado.