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La grabó para intentar engañar a la justicia pero esas mismas grabaciones de su pareja agonizando durante cinco horas pueden ser clave para su sentencia. Todo apuntaba a que Susana había muerto de forma natural pero, tres meses después, los Mossos d'Esquadra detuvieron a su pareja. Los investigadores encontraban en su teléfono móvil 11 vídeos de su pareja agonizando por una bajada de azúcar antes de morir.
La dueña del bar en el que trabajaba Susana, que así se llamaba la fallecida, confesaba en su momento el Programa de Ana Rosa que ella era "una buena chica, muy cariñosa. No se merecía eso. Últimamente estaba más triste y me decía que le dolía la cabeza". Nunca se enteró realmente del calvario que sufría su amiga.
La Fiscalía pide prisión permanente revisable para un hombre acusado de dejar morir a su pareja diabética y grabarla con el móvil durante cuatro horas mientras agonizaba, en junio de 2019 en su domicilio de Viladecans (Barcelona). En su escrito de acusación, el ministerio público acusa al procesado, Mariano Daniel V., de asesinato con ensañamiento sobre persona vulnerable, así como de cuatro delitos de malos tratos y uno de maltrato habitual, que suman otros siete años de cárcel, por las agresiones previas que infligió a la víctima.
Además, le pide otros cuatro años de prisión por un delito contra la intimidad por haber grabado la agonía de su pareja con el móvil, en unos vídeos que al parecer el acusado pretendía utilizar para exculparse, pero que han acabado por convertirse en la principal prueba de cargo en su contra, puesto que apuntan a que no adoptó ninguna medida a su alcance para impedir que la víctima entrara en coma hipoglucémico, pese a ser él mismo diabético.
Según el relato de la fiscal, el presunto homicida inició entre febrero y marzo de 2019 una relación sentimental con la víctima, Susana C., a la que pronto empezó a controlar, a afearle que hablara con otros hombres, al tiempo que le "montaba escenas en público y en privado" por su actitud "celosa y posesiva".
El ministerio público detalla tres ocasiones en las que el acusado agredió a Susana M., la última días antes de su muerte, lo que fue provocando en la mujer un "sentimiento de inferioridad y ambivalencia emocional respecto del acusado", que la aisló de su entorno. La mujer llegó a temer por su hijo menor, hasta el punto de que pidió a su expareja que se lo llevara consigo a Ciudad Real, y por su propia integridad física, por lo que se bajó una aplicación de su teléfono móvil para grabar el contenido de sus llamadas.
El 16 de junio de 2019, añade el escrito de Fiscalía, Susana M. "se derrumbó física y emocionalmente" y dejó de ir a trabajar al bar que regentaba, se encerró en su casa de Viladecans y se "despreocupó" de su propia alimentación y del cuidado de la diabetes que padecía.
Al empeorar su estado, la tarde del 17 de junio, "sintiéndose avergonzada" por las señales que había dejado en su rostro la última agresión, llamó por teléfono al acusado para pedirle ayuda y este accedió a acudir a su domicilio. El procesado encontró a la mujer con síntomas de mareo, alteración respiratoria, falta de control de esfínteres, sudoración, dificultad para articular palabras y sed constante, pero ni llamó a emergencias ni hizo un simple control de azúcar con el glucómetro, pese a que él mismo es diabético y tiene conocimientos sanitarios por sus estudios de odontología.
La fiscal, Teresa Yoldi, reprocha al procesado que, durante cinco horas, permaneciera "impasible" ante el deterioro progresivo y evidente de la víctima, que le suplicaba ayuda, exteriorizando así "un pretendido poder supremo basado en su condición de hombre". "Con su indiferencia y pasividad manifestó de forma consciente y deliberada un propósito de satisfacer su instinto de perversidad, consistente en producir en la víctima el mayor sufrimiento posible en su larga agonía", añade el escrito de acusación.
Según la fiscal, con el fin de construirse una coartada y con "absoluta desconsideración" a la intimidad de la mujer, grabó 15 vídeos donde aparentemente se le mostraba dispuesto a ayudarla de distintas formas, que no se materializaron o simplemente eran inocuas.
La acusación particular que ejerce la familia de la fallecida -representada por el abogado Miguel Capuz- pide también una pena de prisión permanente revisable para el acusado, que será juzgado por un tribunal popular previsiblemente a principios del año próximo.