Dos mujeres que sufrieron graves secuelas tras someterse a sendas intervenciones de cirugía estética en Cartagena han denunciado que fueron operadas por una cirujana que no tenía el título homologado para practicar la medicina en España, a pesar de lo cual pudo alquilar un quirófano en el hospital privado local Virgen de la Caridad y operar al menos a otro medio centenar de mujeres.

El juzgado de instrucción número 5 de esa ciudad portuaria murciana ha abierto una investigación contra la mujer, de nacionalidad colombiana, que está citada a declarar este lunes como presunta autora de los delitos de lesiones, falsedad documental, intrusismo profesional y suplantación.

Promociona sus servicios en varios perfiles de redes sociales de internet en los que se presenta como “cirujana plástica-reconstructiva con más de 20 años de experiencia y más de 3.000 pacientes felices”, con título certificado y miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacialy de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP).

Sin embargo, la investigación policial llevada a cabo a raíz de estas denuncias ha llegado a la conclusión que no forma parte de ningún colegio profesional de médicos español ni cuenta con la homologación necesaria para ejercer la medicina en nuestro país, han explicado a EFE los abogados de las afectadas, Rosa Egea y Sergio Marco.

No obstante, habría operado al menos a otras 50 mujeres en las mismas fechas que a las dos denunciantes, una de ellas intervenida el 21 de octubre de 2023 y la otra el 15 de junio de 2024, todas en el hospital del Grupo Ribera citado, con el que EFE ha tratado de contactar para recabar su versión sin obtener respuesta.

Los abogados consideran que la clínica no alquiló directamente el quirófano a la cirujana colombiana, sino a uno murciano con título homologado que realizó su residencia en cirugía plástica en el hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia, cuyo nombre es el único que aparece en la documentación que las mujeres recibieron tras ser operadas, aunque nunca tuvieron contacto con quien también citado a declarar este lunes.

Ambas víctimas conocieron a la cirujana en sus redes sociales, que continúan activas y en las que hay publicadas decenas de fotografías y vídeos de sus intervenciones.

La denunciante intervenida en 2023 recurrió a sus servicios por motivos de salud porque quería retirarse unos implantes de biopolímeros que se había puesto en los glúteos en su juventud, explica Egea.

Esta sustancia, cuyo uso está prohibido en España, se había desplazado hacia el pubis y le causaba importantes dolores e inflamación.

Aprovechado esa intervención, la cirujana le propuso someterse a un paquete quirúrgico completo que incluía además una mamoplastia (aumento de pecho), una liposucción 360 (retirada de grasa de todo el contorno del cuerpo) y una lipotransferencia de esta a los glúteos.

Según su abogada, tras ser intervenida la mujer tuvo que acudir “innumerables veces a urgencias”, donde le detectaron importantes infecciones e inflamación provocadas por el líquido infiltrado durante la liposucción, que no se eliminó correctamente con masajes drenantes, como es habitual tras realizarse esta técnica.

Más grave es la situación derivada de la incorrecta retirada de los biopolímeros, que se han desplazado hasta la pierna izquierda, amenazan a las arterias y ponen en serio riesgo su vida, por lo que la sanidad pública ha aprobado hacerse cargo de la retirada de ese producto tóxico.

La mujer operada en 2024 se sometió también a un paquete quirúrgico completo de abdominoplastia (liposucción de abdomen) con lipotransferencia a glúteos y mastopexia (elevación del pecho), tras el que comenzó a sentir dificultad para respirar, vómitos y sangrados, según Marco.

La mujer ingresó en la UCI del hospital Santa Lucía, de Cartagena, donde permaneció cinco días diagnosticada de un choque hipovolémico (pérdida grave de sangre) por una hemorragia derivada de la abdominoplastia, además de una laceración hepática de grado 4 que le provocó hematomas y subhematomas en el hígado.

Las dos mujeres sufren además importantes cicatrices, especialmente la primera en se operada, a quien la liposucción le produjo una hendidura de unos cinco centímetros de grosor a la altura de las costillas por todo el contorno del cuerpo que no ha desaparecido.

Aunque sus vidas no corren peligro, es inevitable la comparación con el tristemente conocido caso de Sara Gómez, que falleció en enero de 2022 tras someterse a una lipoescultura en la misma clínica y cuya historia derivó en la aprobación en septiembre de 2024 de la ley que regula la práctica de la cirugía plástica, estética y reparadora en España, que establece que solo cirujanos plásticos acreditados puedan realizarla.

Egea y Marco han lamentado que pese a esta normativa siguen ocurriendo casos en los que se burla la ley a través de la connivencia entre profesionales acreditados y no acreditados y del escaso control de las clínicas que alquilan sus instalaciones.

Advierten además del peligro que puede suponer esta manera de ofrecer servicios médicos en redes sociales, "con mucha mercadotecnica y muy poca seguridad”, que banalizan los riesgos de intervenciones quirúrgicas complejas y que solo deberían estar en manos de profesionales acreditados.

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