Amnistía Internacional ha advertido de las "gravísimas consecuencias" que tiene para los menores migrantes no acompañados los problemas de coordinación entre las instituciones que trabajan con ellos, incluyendo señalan el uso de "diferentes criterios por la misma institución, esto es policía, Fiscalía o la propia Dirección General de Infancia".

La responsable de Area de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, ha afirmado que esto tiene "gravísimas consecuencias, tanto en los derechos de los niños y niñas, mientras son menores, como, y sobre todo, cuando deben enfrentarse a la vida adulta". Aseguró que han hablado con niños que "temen convertirse en adultos porque no saben qué será de ellos", según ha informado Amnistía Internacional en nota de prensa.

Esta es una de las conclusiones que la ONG ha sacado tras una visita a Canarias donde ha recogido nuevos testimonios y ha recordado que es "urgente mejorar" la situación de los menores, mientras continúa el debate para su reparto entre comunidades autónomas. Actualmente Canarias se hacen cargo del 36,5 por ciento de los menores no acompañados, con un sistema "sobresaturado e infradotado".

En relación con ello, apuntan que la "falta de una adecuada diligencia" en la tramitación de la documentación "necesaria, en tiempo y forma, que permita" que los menores salgan de los centros con un permiso de residencia y que les habilite para trabajar, es uno de los temas que "más preocupan" a los menores migrantes.

Muestra de ello está en lo que señala Pierre, camerunés de 17 años, que lleva dos años y dos meses en Canarias después de emigrar para ayudar a su madre y hermanos. "Cuando cumples 18 años tienes que buscarte la vida pero ¿cómo lo vas a hacer, si no tienes nada?. Muchos chicos tienen que irse --del centro de acogida-- al cumplir la mayoría de edad, pero se van sin nada. Tengo miedo de que esto me pase a mí también", afirma.

Por su parte, Amil, de 17 años, llegó a principios del año 2023 a Canarias en una embarcación desde Marruecos, que tuvo que ser rescatada por Salvamento Marítimo. Él no esconde su miedo, ya que apuntó que al llegar al archipiélago le "llevaron a un centro de menores, que tuvo que abandonar en octubre de ese mismo año" y cuando se marchó, lo "único" que le entregaron fue su pasaporte.

Tras quedarse en la calle pudo estar unos meses en el campamento para migrantes Canarias 50, desde donde iniciaron los trámites para solicitar el permiso de residencia, aunque en el momento de la entrevista estaba nuevamente en situación de calle.

Aseguró que cuando salió del centro de menores por cumplir la mayoría de edad "nadie" le informó de su situación administrativa (de hecho, su petición de permiso de residencia ya había sido denegada por haber sido solicitada fuera de plazo), "ni tampoco de que, al abandonarlo, su empadronamiento sería dado de baja y le retirarían su tarjeta sanitaria".

La responsable de Area de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, subraya que el sistema "está abandonando" a estos jóvenes, "dejándoles sin herramientas para lograr su integración social".

Ante estas situaciones Amnistía Internacional ha enviado una carta a todas las autoridades competentes (Gobiernos autonómicos, Central y Partidos Políticos) sobre la necesidad de respetar el interés superior del menor, también cuando se trata de menores migrantes llegados a Canarias.

Admite que la masificación en algunos centros para la acogida de menores no acompañados "es uno de los principales problemas" en Canarias, con los 82 centros de acogida para menores, "muy por encima" de su capacidad, así como con unos recursos humanos y medios económicos "insuficientes" para atenderles "adecuadamente", entre los que cita la "falta de formación especializada y de intérpretes o asistencia jurídica gratuita y de calidad".

La ONG también ha mostrado como otra de sus preocupaciones la necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia para que "sean accesibles y efectivos", con el fin de que los menores puedan contactar con las autoridades en caso de ser necesario, al tiempo que entienden una necesidad que "debe mejorar la supervisión" de los centros de acogida de emergencia.

Otra cuestión, matizan, es que "no existen protocolos adecuados" para garantizar la derivación a recursos "adecuados" de menores con necesidades específicas, tales como víctimas de trata, solicitantes de protección internacional y menores con problemas de salud mental.

Por todo ello, desde Amnistía Internacional se considera que debe establecerse una estrategia que incluya medidas "adecuadas y contundentes para combatir el racismo" contra los menores no acompañados, especialmente cuando viene por parte de corporaciones locales y/o de responsables políticos, ya que apuntan a que se produce "señalamiento y estigmatización" a los menores en distintos ámbitos.

"Dos años llevan las comunidades autónomas sin asumir su responsabilidad en la acogida de estos niños y niñas, tal y como es su obligación según los tratados internacionales. Las autoridades y partidos políticos deben adoptar de manera urgente e inmediata una propuesta de reparto vinculante, obligatorio y equitativo que permita garantizar una adecuada acogida a todos los niños y niñas extranjeros tutelados por cualquier administración", insiste el director de la ONG en España, Esteban Beltrán.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, a fecha de 31 de diciembre de 2023, figuraban inscritos en toda España 12.878 menores no acompañados. La comunidad canaria tenía 4.700 menores en su red de acogida, lo que significa que estaría haciéndose cargo de la tutela del 36,5 por ciento de los menores no acompañados que habían llegado a España.

En este sentido, a fecha de agosto de 2024, "solo 192 niños y niñas habrían sido trasladados" desde Canarias a otras comunidades. Si bien el Gobierno central asegura que "persiste en la negociación y la búsqueda de acuerdo" con los distintos partidos políticos. "Esperamos que esta afirmación se haga realidad sin más dilación", apuntilló.

El Gobierno canario, por su parte, ha informado a Amnistía Internacional de que para intentar paliar esta situación se están abordando nuevos planes y acciones para mejorar la acogida, entre ellos la capacitación del personal que trabaja en los dispositivos de acogida para fortalecer la detección de vulnerabilidades y menores necesitadas de protección internacional, destinando 200 millones de euros para implementar estas mejoras.

También ha asegurado que está trabajando en un plan conjunto con las entidades que colaboran con la administración para la mejora y revisión de protocolos. Añade que en noviembre se fortaleció con 20 personas, entre ellas diez con perfil técnico, el equipo de trabajo de la Dirección General de Infancia.

Finalmente, entre las recomendaciones de la organización se encuentra asegurar la protección jurídica efectiva de los menores no acompañados, velar por aplicar el principio de no devolución, descartando iniciativas como la devolución a Marruecos de menores impulsadas por algunas administraciones; o garantizar que todos los niños son "adecuadamente identificados" y se activan los mecanismos de protección.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.