El Gobierno y Canarias se han dado 10 días para pactar una fórmula de distribución puntual de menores migrantes no acompañados entre comunidades que, según el Ejecutivo canario, supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y de otros 400 desde Ceuta sin cambiar la ley de extranjería.

Así lo ha explicado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios tras reunirse con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para abordar la viabilidad de la propuesta canaria de acometer este reparto extraordinario mediante un decreto ley.

Según Clavijo, el Gobierno ha encontrado "algunos matices" a su propuesta, por lo que han quedado en que en los próximos 10 días los servicios jurídicos de ambas partes "van a tener un texto cerrado", que podrá ser sometido al estudio de la Abogacía del Estado "o incluso al Consejo de Estado".

El presidente autonómico ha celebrado que ambos hayan quedado en "plazos concretos", lo que "siempre da confianza" para conseguir un texto pactado, que luego sea sometido a los informes jurídicos pertinentes y para el que después buscar el apoyo de los grupos políticos del Congreso.

"Bien sea para la convalidación de ese decreto ley, que es lo que nosotros deseamos y creemos que es más inmediato, bien sea para la figura jurídica oportuna que se acuerde", ha señalado Clavijo.

Sobre los matices jurídicos que han discutido, ha explicado que están relacionados con una posible invasión de competencias de las comunidades autónomas ya que la iniciativa canaria -que cuenta con el apoyo de País Vasco y de Ceuta- implica la transferencia de la tutela de los menores de una comunidad a otra.

Preguntado por sus expectativas de que esta nueva iniciativa salga adelante, Clavijo ha dicho que "después de tanto tiempo, ser optimista cada vez es más difícil" y, acerca de un posible apoyo del PP, con el que gobierna las islas, ha asegurado que "desearía" que esta fuera la postura de un partido que aspira a gobernar España.

"Nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia absoluta que tenemos en Canarias", ha señalado sobre la crisis que vive el archipiélago en este sentido, que tutela actualmente 5.812 menores y acoge a más de 300 jóvenes en recursos aunque, según los expertos, deberían atender a 20.

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres ha recordado que, como ya fue anunciado, en las próximas semanas la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, convocará una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

En ella se trasladará a las comunidades esta última propuesta de Canarias y también la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que, ha recalcado, "sigue siendo la prioridad para el Gobierno de España".

En cuanto al mecanismo legislativo más adecuado -un decreto ley, una proposición de ley o un proyecto de ley-, Torres ha señalado que serán los servicios jurídicos los que lo determinen.

Sobre un posible apoyo de Junts, ha explicado que el Gobierno está negociando con la formación la modificación del artículo 35, entre otros asuntos: "Y vamos a seguir haciéndolo, cuando utilizo el gerundio es que no tenemos acuerdo, pero vamos a seguir trabajando", ha explicado el ministro.

"Ahora tenemos otra propuesta, que también trabajaremos con los distintos grupos políticos, incluso volveremos a sentarnos, si ellos lo consideran, con el Partido Popular", ha señalado Torres sobre el principal partido de la oposición, al que ha acusado de haberse "borrado" de buscar una solución a los menores no acompañados.

En su opinión, en esta cuestión "ha pesado más salvar los presupuestos con Vox" que alcanzar una respuesta estructural de la que podrían beneficiarse en el futuro otros territorios gobernados por el PP: "Están en una postura, creo que miope, corta de vista y poco de Estado", ha opinado Torres. 

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