El Comité permanente del Convenio de Berna para la conservación de la vida silvestre ha aprobado la propuesta que rebaja el grado de conservación del lobo. Así, va a pasar del grupo de especies de “protección estricta” al de protección simple, que permite su explotación. Grupos ambientalistas temen que esto tenga como consecuencia la normalización de la caza de lobos o abra la puerta a rebajar la protección de otras especies.

La Unión Europea llevó la proposición al Convenio después de que los Veintisiete aprobasen la propuesta de quitarle estatus a la especie en septiembre, con el voto en contra de España e Irlanda y las abstenciones de Eslovenia, Chipre, Malta y Bélgica.

El cambio entrará en vigor el 7 de marzo de 2025 y después de esa fecha, la Comisión Europea podrá plantear una revisión de las reglas comunitarias de la directiva de hábitats, que afecta a la gestión de las poblaciones de lobo que deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y los Veintisiete.

Sin embargo, Bruselas no tiene previsto presentar su enmienda a la directiva hasta después de marzo de 2025, según ha confirmado este martes en rueda de prensa la portavoz de Medio Ambiente de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen.

Este cambio dará más margen a los Estados miembro para gestionar sus poblaciones locales de lobos, aunque el lobo seguirá siendo una especie protegida, por lo que las medidas nacionales deberán contribuir a mantener un estado de conservación favorable.

De hecho, la Comisión ha señalado que las inversiones en medidas adecuadas de prevención de daños seguirán siendo "esenciales" para reducir los ataques al ganado y ha garantizado que continuará prestando su ayuda a los Estados miembro en el diseño y la aplicación de dichas medidas mediante financiación y otras formas de apoyo.

"Necesitamos un enfoque equilibrado entre la preservación de la vida silvestre y la protección de nuestros medios de vida", ha destacado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ya anunció en noviembre de 2022 su intención de encargar a los servicios comunitarios un "análisis en profundidad" sobre el impacto de la recuperación del lobo en los campos de la UE.

La toma de posición de la política alemana se produjo poco después de que, según relató más tarde la prensa de su país, un lobo matara un poni de su propiedad.

Hace un mes, la defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, abrió una investigación sobre la recolección de datos llevada a cabo por la Comisión Europea para justificar que se rebaje el estatus de protección al lobo, tras la petición que presentó la ONG Client Earth en febrero.

“He decidido abrir una investigación sobre esta queja para comprender mejor cómo la Comisión llevó a cabo esta recopilación de datos”, señaló O’Reilly tras recibir las quejas de la plataforma ecologista, que argumenta que la Comisión no respetó la normativa.

“En concreto, el demandante alega que la Comisión no cumplió con las Directrices de Mejor Regulación en cuanto a la consulta a las partes interesadas cuando invitó al público, mediante un comunicado de prensa, a presentar datos actualizados sobre la población de lobos y su impacto”, agregó la defensora del pueblo.

Client Earth alegó que ese comunicado de prensa “carecía de objetividad e imparcialidad y que la declaración de la Comisión de que los lobos representan un peligro real para el ganado y para los humanos no estaba basada en evidencia científica”.  

La ONG también sostiene que la Comisión no siguió los procedimientos, pues llevar esa decisión a la Convención de Berna hubiera requerido de una propuesta de revisión de la Directiva Hábitats, que debería haber sido aprobada por los países de la UE y también por la Eurocámara.

“Desde el principio hasta el final, esta propuesta y el procedimiento que la rodea han sido problemáticos: hay claros problemas democráticos en la forma en que se llevó adelante, y nos complace ver que la Defensora del Pueblo responde a nuestra queja”, señaló en un comunicado la abogada de ClientEarth, Ilze Tralmaka.

La Comisión lanzó ese plazo para recolectar datos el año pasado y, en diciembre de 2023, propuso a los Estados miembros rebajar la protección al ‘canis lupus’, pasando de “estrictamente protegido” a únicamente “protegido”.

Los Veintisiete aprobaron la propuesta, con el voto en contra de España e Irlanda y las abstenciones de Eslovenia, Chipre, Malta y Bélgica.

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