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La acusación particular que ejercen los franquiciados en el conocido como caso Vitaldent solicita penas que ascienden hasta los 43 años de cárcel para los acusados por el despliegue de una presunta trama de fraudes masivos "con el único objetivo de enriquecerse".
En su escrito de acusación presentado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, reclama la apertura de juicio oral para más de cuarenta acusados y casi una treintena de empresas por esta causa, que ha girado en torno a la creación de una "compleja estructura societaria y de franquicias" para "enriquecerse a costa de los franquiciados", al menos desde 1999.
La acusación particular reclama la pena más alta, 43 años de prisión, para el empresario uruguayo Ernesto Colman, que estaba al frente de la compañía en el momento de los hechos y pasó 15 meses en prisión preventiva por este procedimiento, y también para otros de los supuestos participantes en la trama.
Además de las condenas a prisión, solicita que se imponga a los acusados el pago de indemnizaciones que rondan los cuarenta millones de euros.
Esta acusación cree que hay indicios suficientes de delitos de estafa continuada, apropiación indebida continuada, coacciones también continuadas, estafa procesal, delito continuado informático, delito continuado de falsedad en documento mercantil u organización criminal.
Describe en su escrito que, al menos desde 1999, el empresario Colman "y el resto de acusados", mediante diferentes roles, "diseñaron un modelo de negocio 'franquiciado', por el que procuraban la captación indiscriminada de nuevos franquiciados, en la intención de engañarles, todo ello a fin de que los mismos realizasen fuertes desplazamientos patrimoniales a favor de los anteriores".
Se trata de una causa judicial que echó a andar en la Audiencia Nacional en 2016 (antes pasó por otro juzgado) y que ha recorrido un camino turbulento: fue archivada, después reabierta, y ha visto hasta dos resoluciones en las que el juez ha propuesto ponerla rumbo a juicio. En la última de ellas, el magistrado aceptó, a petición de la Fiscalía, ampliar el abanico de delitos al considerar que hay "indicios criminales" de posibles defraudaciones a Hacienda.
En su escrito, firmado por el abogado Rafael Franco, la acusación particular relata cómo "los acusados captaban a nuevos franquiciados bajo promesas de alta rentabilidad, mejores precios" y "rápida recuperación de la inversión inicial".
Pero, en realidad, lo que había -según la tesis de esta acusación- era "un modelo abusivo que buscaría el enriquecimiento de la organización a través de diferentes vías que, en esencia, se producía durante la vigencia de los distintos contratos de franquicia".
Denuncian que se les impusieron sobrecostes en la compra de los productos y adquisición de material, pago de canon de publicidad muy elevado y acusan hasta de la creación de una "contabilidad B" que generaba "grandes cantidades de dinero opaco fiscalmente".
Como también expuso el juez en el auto donde proponía llevar a juicio este caso, la forma de operar consistía presuntamente en que cada clínica podía generar en "B" la cantidad mensual elegida, debiendo entregar "el 10% de lo 'ennegrecido' a la organización" y, en algunas, desembocó en el pago de 10.000 euros mensuales.
Además, el magistrado ilustraba el supuesto sobrecoste "extremo" que se imponía a los franquiciados con un ejemplo: Si una clínica colocaba 500 coronas sobre implantes, el precio que cobraba el laboratorio de Vitaldent por la corona era 55.500 euros, mientras que el que hubiera cobrado otro laboratorio descendía a 27.500 euros, "de donde se extrae un notable beneficio para la central en perjuicio del franquiciado".
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