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La Guardia Civil ha desmantelado a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de tortugas en España. Por el momento se han investigado a 6 personas presuntamente vinculadas con 3 empresas relacionadas con la supuesta comisión de delitos contra la fauna, contrabando, falsedad documental y organización criminal.
Según un comunicado, la investigación se inició en 2022 cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) realizaron una inspección en una tienda de venta de animales de Zaragoza. En dicho reconocimiento, descubrieron un ejemplar de tortuga rusa a la venta sin ningún tipo de marcado o identificación y con documentación falsa.
Con este caso, comenzó la investigación para conocer cuál era su origen. Posteriormente, encontraron un almacén mayorista en Terrassa (Barcelona) donde se localizaron e intervinieron 115 tortugas y 5 camaleones supuestamente protegidos sin ningún tipo de microchip y con documentaciones falsas.
Este almacén se abastecía de otros establecimientos afincados en Europa, donde amparaban a los animales con documentos de importación o criadores simulando trazabilidad legal.
Además, no es de menos recalcar la importancia sobre las condiciones específicas para el bienestar de este animal marino: temperatura, humedad, dieta, entre otros factores. Asimismo, la extracción de las tortugas de su entorno natural, puede alterar significativamente el ecosistema y afectar a la biodiversidad en general. Por ello, es crucial mantener a este animal en su hábitat natural y así, asegurar la preservación de especies en peligro.
La organización justificó la ausencia de identificación a causa del "pequeño tamaño" de los animales. De hecho, no utilizaron otros métodos alternativos contemplados en la legislación, como su registro en fotografías.
Asimismo, la investigación afirmó que los implicados falsificaban todos los certificados o documentos que fuera necesarios para que los animales "parecieran tener una procedencia legal".
Por ello, aumentó la dificultad de detener las irregularidades, los falsos certificados o identidades de los animales y resultó un plazo extendido para que la organización siguiera operando en el comercio ilegal de tortugas en España.
Los agentes del Seprona solicitaron un informe al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en el que afirmaron que los animales se encuentran ahora protegidos. Este ha valorado en 6 millones de euros el daño medioambiental que ha provocado la extracción de los animales de su medio natural, a pesar de que el valor de venta legal de los animales se ha estimado en 14.000 euros.
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