La asociación Jucil, mayoritaria en la Guardia Civil, ha denunciado la escasez de agentes en el ámbito rural, como en Toledo, donde este fin de semana se han producido dos asesinatos -los de una chica de 17 años en Otero y un niño de 11 en Mocejón- y el tiempo de respuesta de los guardias civiles superó los 40 minutos.

Según recalca esta asociación en un comunicado, estas trágicas muertes "revelan que el actual despliegue de la Guardia Civil no ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de los pueblos en España".

Sobre el asesinato del niño de Mocejón, Jucil indica que aunque se activaron dos patrullas, una desde Seseña, a 39 kilómetros de distancia, y otra desde una localidad cercana, junto con el apoyo del Seprona desde Illescas, situado a casi treinta minutos, "el tiempo de respuesta fue de cuarenta minutos". Un intervalo de tiempo que, según Jucil, permitió huir al asesino, que hasta el momento sigue sin ser capturado.

En el caso del asesinato en Otero, "la situación fue aún más grave", añade. Relata Jucil que "el primer aviso de la discusión se produjo a las siete y fue media hora después, según los testigos, cuando se escucharon los disparos, sin que ninguna patrulla hubiese llegado en este lapso hasta el lugar donde se produjo la llamada de emergencia".

"Estos tiempos de respuesta son inaceptables", subraya en el comunicado Javier Montero, portavoz de Jucil. "En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta, y los residentes en las áreas rurales no pueden seguir soportando esta situación de desprotección. No podemos permitir que la distancia y la falta de recursos pongan en riesgo la vida de los ciudadanos", apostilla.

La asociación reclama una ampliación de la cifra de efectivos y que se abra una reflexión sobre la forma de despliegue de la Guardia Civil, "porque todos los ciudadanos, sin importar donde vivan, tienen derecho a una protección sin demoras, adecuada y eficaz".

Para Jucil, el último catálogo de puestos de trabajo revela "un déficit significativo de efectivos en la provincia de Toledo, donde se necesitarían al menos 200 guardias civiles adicionales".

Un déficit "igualmente preocupante" en el resto de las provincias de Castilla-La Mancha y que "se extiende por toda España". "Deja a muchas comunidades rurales en una situación creciente de vulnerabilidad", concluye la asociación. 

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