La ley de eutanasia ha cumplido tres años este verano: un total 1.476 personas habían solicitado la prestación hasta el pasado 31 de diciembre y, de ellas, 686 ya habían recibido en esa fecha ayuda para morir. Al menos 184 habían fallecido mientras se tramitaba su petición. Son las cifras hechas públicas hasta el momento por el Ministerio de Sanidad, que en diciembre publicó un detallado balance de la aplicación de la ley centrado en su primer año completo en vigor, el 2022.

Este miércoles, en Barcelona, una jueza ha decidido mantener la suspensión cautelar de la eutanasia a una joven de 23 años mientras eleva una cuestión de competencias al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que determine cuál es el órgano competente en este caso. El padre de la joven, representado por el colectivo católico Abogados Cristianos, llevo el caso a los tribunales y consiguió paralizar in extremis la semana pasada la muerte asistida de su hija, la víspera del día fijado para la eutanasia.

Para poder acceder a la eutanasia hay que tener al menos 18 años, ser capaz y consciente en el momento de la solicitud y sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Según destacaba el informe de Sanidad, el número de personas que cambian de opinión, es decir, que revocan la prestación, es mínimo. En 2022 solo una persona se echó atrás y lo hizo antes de firmar el consentimiento informado.

También es pequeño el número de pacientes que solicitan aplazarla una vez aprobada su solicitud. Fueron un total de 22 en 2022. De acuerdo con los datos recopilados por Sanidad de los distintos sistemas sanitarios autonómicos, el perfil más frecuente es una persona de entre 60 y 80 años, con enfermedades graves de tipo neurológico u oncológico. En 2022 se registraron 576 solicitudes, 281 de hombres y 245 de mujeres. Solo cuatro tenían menos de 30 años y 97 eran octogenarios.

El procedimiento se inicia con una solicitud escrita que deben firmar el paciente y su médico, encargado verificar que cumple los requisitos. Si el profesional sanitario, denominado "médico responsable", considera que no los cumple, debe enviar un informe desfavorable a la Comisión de Garantía y Evaluación de la comunidad autónoma, un comité de expertos que tendrá quince días para responder.

Si cumple los requisitos, se abre también un periodo de reflexión de al menos 15 días en los que se informará al paciente de las diferentes alternativas terapéuticas. Superado ese plazo deberá presentar una segunda solicitud y después confirmar que quiere continuar con el proceso, firmando el documento de consentimiento informado. Es entonces cuando el médico responsable consulta con un "médico consultor", ajeno a su equipo, que examina de nuevo el caso y emite un informe que, en cualquier caso , deberá ser validado por los expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación.

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