Se cumplen tres años de la ley de eutanasia: retrasos y encarnizamiento administrativo

Tres años después de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, las trabas para acceder a esta prestación se mantienen y la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) denuncia que la duración media del procedimiento es de 75 días, cuando la ley marca 35, al tiempo que lamenta casos en los que el trato administrativo es "cruel". Así lo expone, en una entrevista a EFE con motivo del aniversario de la entrada en vigor de la ley, el 25 de junio, el presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, que habla de falta de transparencia en los datos que aportan algunas comunidades autónomas. De hecho, señala que las únicas que han hecho público el informe anual que contempla la ley han sido Andalucía, Baleares, Cantabria y La Rioja.

Los últimos datos que se conocen, publicados en diciembre por el Ministerio de Sanidad, revelan que un total de 746 personas solicitaron la prestación de ayuda para morir en el primer año y medio en vigor de la ley, desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022, y a 363 (el 48 %) les fue concedida. Son menos de las que esta asociación, que lleva 40 años luchando por la legalización de la eutanasia en España, estimaba para los tres primeros años de la ley. En concreto, la tasa de eutanasias registradas en 2022 fue inferior al 0,07 % del total de muertes registradas en España.

Por su parte, el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, ha dado a conocer este martes que las personas que solicitaron la eutanasia en 2023 son un 30 por ciento más que el año anterior y el número de realizadas en España aumentó entre un 15 y un 20 por ciento con respecto a 2022.

Una de cada tres personas fallecieron antes de recibir la ayuda y la duración media del procedimiento, aunque con muchas diferencias entre comunidades, fue de 75 días, cuando la ley establece un plazo de 35.

"Una de las hipótesis que explican por qué muchas personas mueren antes de recibir la prestación es que algunos solicitan la eutanasia muy tarde, estando ya muy graves. Se trata en su mayoría de enfermos oncológicos", indica Velasco en la entrevista.

Pero también influye la falta de respuesta rápida por parte de la administración. En este sentido, el presidente de DMD recuerda que la ley contempla la posibilidad de acortar los plazos de tramitación cuando el fallecimiento de enfermo sea inminente.

"Es verdad que la mayoría de estos pacientes no mueren mal, se les seda en cuidados paliativos, pero ellos habían pedido una eutanasia", subraya.

En cuanto a la dilación del proceso, que supera en más del doble lo establecido por la ley, Velasco denuncia que hay casos "sangrantes" en los que el trato administrativo "es cruel".

Es el caso de algunas comunidades en las que la solicitud se entrega a un médico que es objetor de conciencia, lo que retrasa muchísimo el proceso a pesar de que el Manual de Buenas Prácticas prevé que si eso ocurre, el profesional que objeta debe derivarlo directamente al inmediato superior y esa persona encargarse de buscar al profesional sanitario adecuado.

"Estas situaciones siempre son límites y lo que habría que hacer es no aumentar el sufrimiento, por eso nosotros decimos que en algunos casos hay un encarnizamiento administrativo".

Por otra parte, Velasco pone en duda la formación de los integrantes de algunas Comisiones de Garantía y Evaluación -encargadas de dar el visto bueno a las solicitudes-. "Nos llama la atención que cuando ayudamos a nuestros socios a recurrir una ayuda que ha sido denegada, normalmente ésta es favorable en segunda instancia".

"En muchas ocasiones, se niega muy rápidamente o sin estudiar el caso a profundidad", lamenta.

Por todo esto, desde DMD se ha solicitado al Ministerio de Sanidad la elaboración de un reglamento que sustituya al Manual de Buenas Prácticas "que no tiene valor legal", sino que funciona como una orientación clínica.

También Marín habla de "maltrato institucional". "Existe ese maltrato cuando ejercer un derecho se convierte en una pesadilla... cuando la comisión se inventa requisitos, cuando te exigen el informe de un trabajador social que no figura en la ley, cuando se suspende la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión".

Todo esto -lamenta Marín- contribuye a que haya muchas personas que lo pasan mal en el procedimiento.

Para el vicepresidente de DMD, el problema además es que las comunidades no están en disposición de garantizar que se vaya a hacer una tramitación adecuada porque hay solicitudes de las que no se tiene conocimiento, "porque muchas no llegan a registrarse porque el médico le dice que no al paciente".

Ha puesto el ejemplo de una mujer de más de 80 años, con un cáncer avanzado y varias patologías que vivía en una residencia de monjas y que pidió la eutanasia, pero las monjas le dijeron que eso no era para ella "y ahí se acabó todo". Finalmente la mujer murió semanas después sin ni siquiera registrarse su petición.

"Todavía hoy en España, si va una persona a su médico de cabecera a pedir al eutanasia, el medico le va a decir que no sabe lo que le está pidiendo y que ya le responderá, pero esa respuesta no le va a llegar nunca", lamenta Marín, que aconseja informarse en las asociaciones que les pueden ayudar a gestionar esta solicitud.

Desde DMD afirman, no obstante, que no existe un "boicot institucional", y tampoco hay comunidades en las que no se practiquen eutanasias. "Nos preocupa mucho Castilla y León porque dentro de la Comisión hay miembros que han declarado públicamente su oposición a la eutanasia y nos parece que existe un conflicto y que va a haber un sesgo", ha denunciado.

Marín también ha citado a Murcia, donde hay un vocal y un jurista que hicieron un informe de una persona con demencia que decía que no se podía constatar el sufrimiento, cuando el sufrimiento no se puede medir.

Por contra, en el "grupo de cabeza", se encuentran Cataluña, Euskadi y Navarra, mientras que comunidades como Madrid, se encuentran "a mitad de tabla".

DMD denuncia que ocho comunidades no han publicado ningún informe de evaluación desde la entrada de vigor de la ley: Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Galicia.

En cuanto a los objetores de conciencia, Velasco advierte de que no todas las comunidades publican cuántos objetores hay.

"En el caso de las que lo publican, el número no nos preocupa. Son una minoría respecto a la totalidad de médicos y médicas colegiados", explica.

Lo que sí les inquieta es la "objeción encubierta o la objeción de conveniencia" que se da sobre todo en Atención Primaria, donde la mayoría de los profesionales están saturados y, cuando reciben una solicitud de eutanasia, piensan: "lo que me faltaba".

Por eso, han propuesto a Sanidad que todas las comunidades autónomas tengan un grupo de referentes que oriente a los médicos en la tramitación de las solicitudes de eutanasia.

"En las comunidades en las que trabajan estos grupos sabemos que la prestación funciona mucho mejor", afirma.

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