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El tribunal de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona, que ha condenado este lunes a 35 años de prisión al acusado de violar e intentar asesinar a una adolescente de 16 años la madrugada del 1 de noviembre de 2021 en Igualada (Barcelona), califica los hechos de "tortura", como informan José Rocamora y Marta Alcázar.
El comportamiento de Brian hacia la víctima bien podría pertenecer al género gore. Según el tribunal, la despreció por el simple hecho de ser mujer y lo hizo de manera salvaje desplegando una violencia desmedida en las partes del cuerpo que representan la sexualidad femenina.
Antes de la agresión sexual, queda probado que la atacó a traición por la espalda. La golpeó en la cabeza sabiendo que así había una alta probabilidad de acabar con su vida y estando semiinconsciente siguió golpeándola para incrementar su dolor de manera innecesaria.
También aprecia una agravante de ensañamiento al alegar "manejó a su voluntad el cuerpo de la víctima", propinándole golpes que eran innecesarios para causarle la muerte y que no tenían otro propósito que provocarle el máximo padecimiento posible.
Los hechos evidencian "el deleite del agresor en ser espectador del sufrimiento que le había generado y que aquélla continuaba experimentando en el lugar en que la dejó muy gravemente herida".
La joven sobrevivió por la rápida actuación de un camionero, que la cubrió con su chaqueta y evitó que muriese de hipotermia y del SEM, que le prestó una primera asistencia en el lugar.
Por todo ello el tribunal lo ha condenado a 35 años de prisión: 15 años por agresión sexual, la pena máxima prevista para este delito en el Código Penal y 20 por asesinato en grado de tentativa, así como a 10 años de libertad vigilada.
Además de la pena de prisión, se le condena a indemnizar a la víctima con 332.727,65 euros por los menoscabos físicos causados, el perjuicio estético, las secuelas tanto físicas como psicológicas --algunas irreversibles-- y los daños morales.
Asimismo, le impone una orden de alejamiento de 1.000 metros del domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio frecuentado por la víctima durante 10 años una vez haya cumplido la pena impuesta y le prohíbe comunicarse con ella durante el mismo periodo de tiempo.
El tribunal pide, "dada la alta probabilidad de reincidencia" que se desprende del perfil criminológico del condenado, que se le inhabilite para cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad una vez cumplida la condena.
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