Los servicios jurídicos del Arzobispado de Burgos se reúnen este lunes para estudiar las consecuencias legales de la excomunión de diez religiosas clarisas del monasterio de Belorado, que han quedado expulsadas de la vida consagrada y, por tanto, deberán abandonar las instalaciones religiosas ante su decisión libre, personal y voluntaria de abandonar la Iglesia católica.

Fuentes del Arzobispado han confirmado a EFE que en la reunión, que se celebrará a primera hora, se abordarán los pasos a dar después de que el sábado el arzobispo, Mario Iceta, comunicara los decretos de declaración de excomunión y de dimisión (expulsión) ipso facto de la vida consagrada de las diez exmonjas.

Entre los asuntos que se tienen que dirimir se encuentra la salida de las exreligiosas del monasterio de Belorado, que seguirá albergando a la comunidad de religiosas clarisas pero sin las diez excomulgadas, conformada por las cinco mayores que están fuera del cisma y otras tres que no se encuentran en el convento pero que están adscritas al mismo.

Una de ellas es sor Amparo, la monja que se trasladó a Vitoria pocos días después de que el 13 de mayo se anunciara el cisma, con la publicación del Manifiesto Católico y una carta pública, y se produjera la entrada del falso obispo Pablo de Rojas, excomulgado en 2009 y fundador de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, y el también falso cura José Ceacero.

Salida del monasterio que todo apunta a que se convertirá en un contencioso judicial salvo que las diez exclarisas decidan abandonarlo voluntariamente, algo poco probable ya que han insistido, a través de su portavoz Ceacero, en que son propietarias al 100 % del patrimonio adscrito a la entidad jurídica de la comunidad de religiosas de Belorado.

Además, tres de las religiosas, entre ellas la exabadesa, denunciaron en mayo por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho fundamental de libre asociación al arzobispo tras ser nombrado comisario pontificio, con plenos poderes sobre la comunidad religiosa de Belorado, tanto en el ámbito religioso como en el administrativo y patrimonial.

Los servicios jurídicos estudiarán también la documentación remitida por los abogados de las exreligiosas, que el viernes remitieron un burofax a Iceta en el que le comunicaban que las monjas habían nombrado una comisión para negociar con el Arzobispado.

Dicha comisión está conformada por el bufete de Santander Sarabia y Asociados, GTRS y el abogado Florentino Alaez y se ha constituido para buscar una "una solución pacífica y extrajudicial al conflicto que permita el reconocimiento de sus derechos personales y patrimoniales que están siendo expoliados por el Arzobispado", según los abogados.

En una convocatoria ante los medios, el mismo viernes a mediodía, sus representantes aseguraron que las monjas “se encuentran indefensas y sin ningún tipo de recursos”, después de que Iceta, como comisario pontificio, haya intervenido las cuentas, a las que no tienen acceso directo pero sí a través de la Federación de Clarisas, a la que pueden pedir aquello que necesiten.

Precisamente, la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu se está preparando ya para enviar a un grupo de monjas a Belorado, para atender a las cinco hermanas mayores una vez las excomulgadas abandonen el convento, y cuenta con varias voluntarias, han indicado fuentes del Arzobispado, que espera que este traslado se realice en el menor tiempo posible.

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