El Arzobispado de Burgos dice que las monjas de Belorado solo han pedido dinero para seguridad privada

El Arzobispado de Burgos afirma no tener ninguna intención de condicionar económicamente a la comunidad de religiosas clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizakia), a las que recuerda que pueden comunicarles las necesidades concretas que tienen igual que les comunicaron, vía correo electrónico, su intención de contratar seguridad privada, instando al Arzobispado a pagar el servicio.

En un comunicado remitido a última hora del jueves, la comisión gestora nombrada por el comisario pontificio, el arzobispo Mario Iceta, ha respondido a la denuncia realizada por las religiosas en Instagram, donde han pedido públicamente ayuda económica ante el “bloqueo” de sus cuentas, alegando que no disponen de recursos para los gastos ordinarios.

La comisión gestora ha recordado que, el pasado jueves, cuando se personaron en Belorado con una notario para hacerles entrega de los requerimientos -entrega de copia de llaves y llamada ante el Tribunal Eclesiástico-, se les indicó que para cuestiones económicas podían ponerse en contacto con la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu.

“No han hecho uso de esta vía”, han aseverado, al tiempo que han llamado la atención sobre el hecho de que este martes, 11 de junio, recibieran del correo electrónico del monasterio una comunicación en la que las monjas indicaban que iban a contratar un servicio de seguridad privada, “para protegerse y defenderse de los ataques contra la intimidad”, y cuyo coste debería asumir el arzobispo.

“Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes de este servicio”, recogía el comunicado según la información facilitada por el Arzobispado, que ha insistido en que “aquí sí reconocen -las religiosas- la autoridad del arzobispo y también se pide el pago del servicio”, aunque no indican ni a qué empresa ni en qué condiciones, han matizado.

Por ese motivo, a la comisión gestora le “llama la atención que se pida dinero para este servicio pero no para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad, materia prima para la elaboración de productos, alimento de animales u otros gastos”.

En el comunicado, en el que rechazan y condenan cualquier falta de respeto o intromisión en la vida del monasterio, insisten en pedir que las monjas les comuniquen sus necesidades concretas para afrontar los gastos ordinarios de la comunidad, pues “hasta el momento no lo han hecho”.

Igualmente, la comisión gestora apunta que “siguen a la espera de que la comunidad realice algún gesto que posibilite la vía de diálogo”, al tiempo que han asegurado que solo “las hermanas han impedido en todo momento y por todos los medios que el comisario pontificio y la comisión cumplan con el cometido para el que han sido nombrados”.

Recuerdan que el nombramiento, realizado por la Santa Sede, ha convertido a Mario Iceta en el representan legal de los tres monasterios -Belorado, Orduña y Derio-, y que lo es a todos los efectos, tanto en el ámbito canónico como en el civil, y dentro de sus funciones está también velar por la gestión adecuada de los movimientos financieros y los bienes muebles e inmuebles.

El Arzobispado de Burgos también defiende la actuación “absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente” de las entidades bancarias, tras las críticas de las religiosas, que han cuestionado que le hayan dado el control de las cuentas a Iceta, sin la suficiente prudencia.

“Se ha tenido acceso a las cuentas corrientes que ha sido posible identificar, ya que las hermanas no han facilitado en absoluto ni el conocimiento ni el acceso a las mismas”, han lamentado, y han garantizado que se trabaja para que no exista ningún problema de pago con quienes legítimamente tienen ese derecho, en cuanto a suministros, nóminas, recibos y otros cargos.

Finalmente, el Arzobispado ha confirmado que las religiosas no han realizado la entrega de la copia de las llaves de los monasterios, “como legítimamente se les requirió”, lo que consideran una muestra de “su voluntad de impedir al comisario pontificio la realización de su cometido”.

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