{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Algunos de los presentadores de Mediaset quisieron aportar su granito de arena y se sumaron el pasado sábado, 1 de junio, a miles de voluntarios que se movilizaron por toda España para luchar contra la basuraleza.
Cataluña, País Vasco y Navarra son las regiones con índices más altos de recogida de basura orgánica. Sin embargo, desde Ecologistas en Acción advierten de que el reciclaje de residuos de competencia municipal "no llega al 20%".
En España, el Gobierno es el encargado de aprobar la legislación básica relativa a medioambiente, aunque las comunidades autónomas establecen el desarrollo de la norma. Por lo tanto, las ordenanzas municipales de cada localidad son las encargadas de regular la gestión de residuos y el régimen sancionador.
Cada ayuntamiento detalla de manera minuciosa las obligaciones que debemos tener en cuenta en nuestro día a día a la hora de deshacernos de los residuos domésticos, así como las sanciones que pueden imponernos en caso de incumplimiento.
A nivel general, esta materia se regula por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece multas de hasta 2.000 euros por cometer una infracción leve o de hasta 20.000 euros cuando se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados, explican en la web de Legálitas.
Los ciudadanos deben separar los residuos siendo obligatorio depositarlos en sus contenedores específicos: color amarillo para envases ligeros, azul para papel-cartón, verde para vidrio y gris con tapa naranja para el resto (material orgánico).
En el caso de los residuos domésticos peligrosos (como baterías, pilas, radiografías o fluorescentes) se deben dejar en los puntos limpios. En la vía pública, las colillas, cáscaras, chicles, papeles y otros residuos de pequeño tamaño se deben depositar en las papeleras u otros elementos habilitados.
Los consistorios colocan los contenedores en el sitio que se considere más conveniente, quedando prohibido moverlos o desplazarlos, subraya el mencionado despacho de abogados.
La responsabilidad en el cumplimiento de las normas de reciclaje es colectiva si hablamos de la región madrileña. Esto quiere decir que la comunidad de propietarios es la encargada de supervisar que se hacen las cosas de manera correcta.
En caso contrario, las denuncias y sanciones económicas recaen sobre la comunidad de propietarios o sobre la figura de su presidente en el momento del incumplimiento. Y las multas no son pequeñas:
El Ayuntamiento de la capital española tiene una normativa muy estricta en este sentido y, de hecho, realiza inspecciones sin previo aviso para comprobar su cumplimiento.
Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.