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La juez de Majadahonda (Madrid) que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la gestión de Luis Rubiales en relación con el traslado de la celebración de la Supercopa de España a Arabia Saudí ha imputado al exfutbolista y empresario Gerard Piqué al apreciar indicios delictivos en la comisión que se adjudicó con ese movimiento.
La jueza de Majadahonda cita como investigado al exfutbolista y empresario Gerard Piqué, dado que podría haber pactado una comisión anual de 4 millones de euros por ese acuerdo. Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, en la que la magistrada Delia Rodrigo también atribuye la condición de investigados a la mercantil Gruconsa; al abogado Tomás González Cueto; al amigo de Rubiales Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene'; la mujer de 'Nene', Purificación Rufino Domínguez; el antiguo responsable de los servicios jurídicos de la RFEF, Pedro González Segura.
En el marco de la causa, la magistrada ya ha interrogado al expresidente de la RFEF Luis Rubiales, el principal investigado en la causa, por su gestión entre 2018 y 2023, con el foco puesto en el traslado de la Supercopa y en el presunto desvío de fondos e irregularidades asociadas a contratos.
Rubiales negó las irregularidades que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción en el procedimiento que se sigue en su contra por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, según confirmaron entonces fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Tras tomarle declaración, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda acordó que Rubiales debe comparecer una vez al mes ante el juzgado y tiene que pedir permiso para viajar al extranjero.
La declaración del expresidente de la Federación se sumó a la de otros tres imputados: Rocha --que en un principio compareció como testigo--; Tomás González Cueto, exasesor jurídico externo en la RFEF en la época de Rubiales; y Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en el estadio de La Cartuja de Sevilla.
En esta causa, la magistrada investiga si se cometieron delitos de corrupción en los negocios o administración desleal en torno a diversos contratos de la Federación cuando éste estaba al frente, sin descartar un posible blanqueo de capitales.
Uno de esos contratos es el que llevó la Supercopa a Arabia Saudí en virtud de varios acuerdos firmados en 2019 -y prorrogados un año después- entre la RFEF y la empresa saudí Sela, en los que se fijaba una "prima de éxito" a favor de una "tercera parte agente" -Piqué, en representación de la empresa Kosmos- que no se identificaba y que "se revela" en otro documento.
La jueza destaca una cláusula del contrato por la que la RFEF "trataba de garantizar" el pago de 4 millones de euros anuales de comisión en favor de Kosmos, "aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de Sela", y subraya que en el momento de la firma Piqué era aún jugador del Barça, equipo que participaba en la Supercopa.
A Pedro Rocha, en su condición de vicepresidente económico, le correspondería entonces o bien la intervención directa en dicha contratación con Arabia Saudí, o bien de la comisión económica que presidía para analizar las prórrogas, si bien -dice la jueza- "al parecer" se abstuvo tanto de convocar a este órgano en la contratación como de reclamar el expediente.
La magistrada desgrana en su auto las principales líneas de investigación de la causa, como el entramado societario en el que participó "personal directivo de la RFEF", empleados y empresarios allegados a Rubiales, y detecta una "posible triangulación de fondos" entre la Federación, la empresa Dismantec y Gruconsa, respecto a la que ha observado algunos ingresos "llamativos y de interés".
Según la tesis que expone el auto, durante la presidencia de Rubiales, la RFEF habría contratado a la citada constructora "presuntamente a cambio" de que ésta realizara pagos a Dismatec, administrada por el amigo del expresidente, Nene. Entre 2020 y 2022, la RFEF ha declarado pagos a Gruconsa por 2,6 millones de euros, casi todo ello en 2021.
También está en el foco la actividad empresarial de Martín Alcaide en España y en la República Dominicana, mediante la que "trataría de ocultar el destino de los fondos" que Dismatec habría recibido de Gruconsa, integrando en su entramado societario a Rubiales, según la jueza.
El auto también analiza el papel de González Cueto como comisionado de control externo de la RFEF, cuyo despacho también recibió transferencias de Dismatec -que a su vez habrían llegado de Gruconsa-, y observa "discrecionalidad" en el uso de fondos federativos "para el pago a terceros".
Y sospecha que desde la comisión económica de la RFEF, en la que participaba González Cueto y Pedro Manuel González Segura, se habrían elaborado ofertas ficticias de empresas para que las obras se adjudicasen a Gruconsa, donde Ángel Ignacio pudiera incluir partidas injustificadas en las facturas con el objetivo de que ese dinero fuese a parar a Nene.
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