El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha trasladado a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que amparará a docentes, investigadores y personal laboral de instituciones académicas israelíes, respetando los acuerdos firmados por el Gobierno regional.

Así lo señala en una carta en la que cree que la CRUE excede "con mucho" sus competencias en relación al comunicado por el que se compromete a "revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes".

Respecto al comunicado, el consejero en primer lugar manifiesta su respeto a "la autonomía universitaria" y por "la libertad de la Junta Rectora de la CRUE para manifestarse al respecto de cualquier cuestión que crea que le atañe".

"Mi sorpresa por el interés selectivo de la CRUE: produce extrañeza que no se manifestara recientemente ante asuntos que le resultan mucho más cercanos, y que sí le pudieran resultar más comprometidos, como las amenazas al Estado de derecho y la separación de poderes aquí, en España, al hilo de la Ley de amnistía, cuando tantas instituciones, asociaciones profesionales y cuerpos de funcionaros emitieron comunicados de compromiso con la Constitución y la igualdad de los españoles ante la ley".

Pero recalca que como consejero no puedo dejar de advertir "la quiebra de la seguridad jurídica y el acto de censura y control ideológico, incluso de falta de humanidad que supone la amenaza de la CRUE en su comunicado".

Tras ello, menciona el párrafo relativo a "revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado su firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario".

Según el consejero, "este párrafo atenta contra la seguridad jurídica, porque se refiere a acuerdos que son meramente académicos; y atenta contra la libertad de expresión y conciencia, porque las ideas políticas de los científicos e investigadores no deberían ser parte de dichos acuerdos, ni se les puede obligar a pronunciarse (este tipo de firmas forzadas nos recuerdan demasiado a regímenes dictatoriales)".

Entiende que dicha amenaza constituye "también un acto de inhumanidad porque no es justo ni proporcional exigirle a nadie que vaya contra su propio país cuando está en guerra". "¿Se hizo con las instituciones académicas e investigadoras palestinas a raíz de los atentados de Hamás?: no figuraba tal cosa en los comunicados que al hilo de tales atentados publicó la CRUE", destaca.

Así, considera que dicha amenaza "va también contra los derechos laborales de los investigadores, docentes y trabajadores de dichas instituciones, cuyo trabajo y salario se ve amenazado por razones ideológicas que, para colmo, no están en su mano porque van en bloque". Subraya al respecto que es "inconstitucional privar a alguien de su salario, de una subvención o negarle un convenio por razones ideológicas, y menos de forma sobrevenida".

"Además, en el caso de que dichos acuerdos sean convenios, la competencia sería del Consejo de Gobierno de cada universidad, no de la CRUE. Hay límites. Lo he manifestado así estos días: todo cabe en las universidades, pero siempre con el límite del respeto a la Constitución", señala.

Por ello, asevera que su "Consejería se compromete a respetar todos los acuerdos firmados por la Comunidad de Madrid, y a amparar a los docentes, investigadores y personal laboral de instituciones académicas israelíes que se vean afectados por estas medidas que anuncia la CRUE y que exceden con mucho sus competencias y que la razón aconseja y el Derecho permite".

"Esperando que el libre ejercicio de la libertad de expresión y la autonomía universitaria se sometan siempre a nuestra ley de leyes, y siempre dispuesto a ayudar a que la universidad en Madrid cumpla su alta misión, les saluda atentamente", concluye la carta del consejero madrileño.

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