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El caso de los dos menores asesinados junto a su madre en el Prat de Llobregat pone en evidencia que la violencia vicaria cada vez es un término mucho más pegado a la actualidad. De hecho, España suma siete víctimas de este tipo de violencia en lo que va de año, una cifra que resulta muy preocupante.
Actualmente, existen leyes, mecanismos y protocolos útiles que, aunque necesitan todavía ser implementados, no consiguen acabar con este tipo de violencia que acentúa más aún el gran problema que sigue estando latente en la sociedad de la violencia de género.
Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha señalado que el mayor estereotipo que afecta enormemente en la violencia vicaria es pensar que un hombre que es violento con su pareja, puede ser un buen padre con sus hijos porque ambos factores no están relacionados.
Rosell, explica que, aunque la legislación en España está avanzada en esta materia, hay que aplicarla y establecer pasos más decididos en orden a englobar la violencia que sufre la madre y la que sufre la infancia.
"La justicia y la sociedad en su conjunto tienen que ser conscientes de que cuando no se protege bien a la madre, no se protege a niños, y que cuando no se protege a niños, no se protege a las madres. (...) Hay que romper con la idea de que un maltratador puede hacerse cargo de sus hijos o que la violencia contra la madre no tiene afectación sobre la seguridad de los menores", denuncia Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.
La directora critica los casos en los que los niños siguen teniendo visitas a aquellos padres maltratadores o la aplicación del falso síndrome de alienación parental. Aunque, según confirma la fiscal de Sala delegada de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, desde las reformas legales de 2021, se suspenden muchas más visitas. Aun así, explica que el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), no ofrece datos de las visitas que se mantienen a pesar del maltrato. Tras el aumento del número de cifras de niños asesinados, Peramato aboga por abrir el debate de si el mutuo acuerdo de los procedimientos de familia es un recurso procesal adecuado para proteger a las madres y sus descendientes en contextos de violencia machista, ya que la mujer se encuentra en claro desequilibrio y desventaja.
De la misma manera, defiende la necesidad de disponer de estudios profundos y multidisciplinares que analicen qué pasa por la mente de un hombre que es capaz de ejecutar a sus hijos para hacerle daño a la mujer, a la que también acaba asesinando parra finalmente terminar suicidándose. Estos estudios también deberían ser desarrollados desde la disciplina psicológica, antropológica, sociológica y criminológica.
La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, ha mostrado que 1,69 millones de menores viven en hogares en los que sus madres son maltratadas, de modo que todos ellos están expuestos a la violencia vicaria.
Rosell ha terminado exigiendo la formación de todas aquellas personas que trabajan con las menores víctimas, particularmente en el ámbito de la justicia, y que los juzgados de violencia acepten las competencias de violencia vicaria y estén bien dotados. Así, como ha insistido en la importancia de que los servicios sanitarios, educativos y sociales se impliquen en la detección de la violencia. Ante todo esto, confirma que continúa pendiente la adaptación y funcionamiento de los juzgados a la ley de protección integral a la infancia frente a la violencia, lo que permitiría atender de forma especializada a los menores víctimas.
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