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La inspectora de la Policía Judicial de Murcia que actuó como secretaria en el informe sobre el incendio de las discotecas en las que fallecieron 13 personas el pasado mes de octubre ha ratificado que las muertes se produjeron como consecuencia del incumplimiento del plan de evacuación de los locales. Según su declaración en calidad de testigo-perito en la fase de instrucción de esta causa judicial, desde donde se originó el fuego, en Teatre, no avisaron del mismo a Fonda Milagros, donde fallecieron las víctimas.
La inspectora ha ratificado el informe policial que el grupo de Homicidios (UDEF) envió a la jueza, según han confirmado a EFE tres de los abogados que han estado presentes en su comparecencia, que se ha prolongado durante cerca de una hora y media.
La inspectora, según ha detallado el letrado Francisco Javier Verdú, que representa al propietario de la discoteca Fonda Milagros, ha afirmado que “las muertes se produjeron como consecuencia del incumplimiento del plan de evacuación”, que era común a las dos salas y que establecía que en caso de incendio, debía ser avisado tanto el personal del lugar donde se originase el fuego, como los de los locales colindantes.
Esto no sucedió, ya que la sala Teatre, donde todos los indicios apuntan a que se originó el fuego, evacuó a todos sus clientes sin que nadie avisara a la discoteca colindante, que se levantaba en la misma nave industrial, separadas solo por una pared de pladur.
El abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de dos de las personas que fallecieron en el siniestro, ha corroborado también que la inspectora ha afirmado que fallaron los sistemas de evacuación porque “debía existir una comunicación entre ambos locales que no se produjo”.
Asimismo, ha confirmado que la inspectora ha situado el origen del fuego, como lo hace el informe policial, en la máquina de fuegos fríos que la noche de la tragedia se estaba usando en Teatre.
En el mismo sentido, el abogado Pedro López Graña, que también representa a familiares de dos de las personas fallecidas, ha insistido en que, además de corroborar que el fuego se inició por un uso negligente de la citada máquina, hubo otras circunstancias que desencadenaron el fatal desenlace y que, según la inspectora, fueron los sistemas de evacuación insuficientes, los sistemas de alarma que no funcionaron y el plan de evacuación que no se cumplió.
Los dos abogados de las víctimas han lamentado la “excesiva cautela”, en palabras de López Graña, que está manteniendo la jueza que instruye el caso, que no ha permitido que se formule ninguna pregunta relacionada con la situación administrativa de las discotecas, que tenían un orden de cese de actividad en vigor y, a nivel administrativo, funcionaban como una única sala.
La inspectora, ha apuntado Muñoz Ortín, participó directamente en la revisión del expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento, pero la jueza no ha permitido formular preguntas sobre el mismo, por lo que la policía se ha limitado a manifestar lo que ya recoge el informe policial sin hacer ninguna valoración.
Para López Graña, es fundamental que en este procedimiento judicial se aclare “definitivamente y de forma global” la responsabilidad de cada uno de los actores en este caso y, para ello, ha subrayado, es imprescindible que se investiguen “no solo las causas del fuego”, que parecen tener claro origen en la máquina de fuegos fríos, sino también “todos los responsables, de principio a fin” en el fallecimiento de las 13 personas.
El propio alcalde de Murcia, José Ballesta, ha recordado López Graña, aseguró en los días posteriores al incendio que se llegaría hasta las últimas consecuencias “caiga quien caiga y cueste lo que cueste”, y ha exigido que se cumplan sus palabras.
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