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“Tápate más, que vaya tetas tienes”, “esa va salida como una perra”, “lo que necesita es un pollazo”. Es lo que soportan las mujeres a bordo de buques del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la mayor institución pública investigadora de España, según el testimonio de una tripulante que trabajaba a bordo del Instituto Español de Oceanografía (IEO) recogido por 'Faro de Vigo'. Cada vez son más las que dan a conocer estas situaciones desde el caso de Carmen Fernández, una gallega que desapareció en septiembre de 2023. Denunció formalmente a su agresor, pero volvió a trabajar en el buque y ahora no se sabe nada de ella. Dejó una nota: "Si no me encontráis, me tiré por la borda".
Son varias las mujeres que trabajan para el CSIC las que han denunciado estas situaciones machistas y de acoso sexual en las redes sociales con el hashtag #MeTooCSIC. Formalmente, entre los años 2019 y 2023, hubo doce denuncias y doce activaciones del protocolo, admitiéndose a trámite siete y abriéndose expediente disciplinario en cinco casos, y en tres de ellos se aplicaron sanciones, indicó el Gobierno a una interpelación de la senadora Carme da Silva, según consta el registro de la Cámara alta del 12 de marzo.
Una de estas denuncias y el caso por el que estalló todo fue el de Carmen Fernandez. La mujer, de 43 años de edad, era camarera en el oceanográfico García del Cid. Allí, había denunciado a un hombre por agresión sexual, pero tuvo que volver a trabajar en este barco. Embarcó el 4 de septiembre en Barcelona y el día 10 ya nadie la vio. Dejó una nota: “Nadie hace nada. Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho”.
El caso de Carmen Fernandez no es el único a bordo de los buques de esta institución pública, tal y como atestigua Nuria (nombre ficticio) al mencionado medio. Son muchas mujeres las que soportan el acoso y los abusos y por “miedo a las represalias” no denuncian. “Si no se tramitan las denuncias tienes que volver a verlo. O trabajar con quienes normalizan”, expone lamentando que ya hay “un punto de desinhibición” y el caso de Carmen Fernandez no ha frenado estos comportamientos. “Actúan como si no hubiese pasado nada”, dice.
El tema llegó al Pleno del Congreso de los Diputados el 13 de marzo. Entonces, la diputada de ERC Pular Valluguera subrayó que el de Carmen Fernández "es un caso muy grave que no se ha aclarado". "No acaba de explicar qué pasó ni por qué. Las denuncias no se tramitan, los procedimientos son lentos y no son transparentes".
Asimismo, criticó la “falta de aplicación de protocolos sobre la agresión sexual, procesos que ponen en riesgo la vida de estas mujeres, como ha sido el caso. Las actuaciones que tienen que adoptarse rápidamente no se adoptan, las víctimas se quejan de falta de atención y de desamparo”.
En esta sesión, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, reconoció que se habían cometido "errores" en los protocolos de acoso y agresión sexual del CSIC y aseguró que el organismo estaba trabajando "intensamente" en la prevención de casos en los buques oceanográficos y en la elaboración de un protocolo que considere las situaciones específicas de estos entornos laborales.
"Vamos a hacer un protocolo específico considerando las situaciones específicas de estos entornos laborales", dijo, precisando que los buques oceanográficos "son entornos muchísimo más sensibles para estas situaciones" y donde se rigen los mismos protocolos que en cualquier otra instalación o servicio propio de la institución en los referente a medidas que garanticen espacios de trabajo seguros y libres de violencia contra las mujeres que se encuentren en ellos, por lo que están trabajando en un protocolo específico considerando las situaciones específicas de estos entornos laborales.
Morant recordó desde el año 2020 el CSIC cuenta con un protocolo en materia de acoso sexual y por razón de sexo "que está en revisión" desde julio del año 2023: "Se trata de una actualización muy avanzada que se está negociando con los representantes de los trabajadores y que se espera su aprobación próximamente".
Con ello, se pretende mejorar el protocolo y, entre otros aspectos, lograr que sea "más sencillo, más accesible para las víctimas y evitar la victimización secundaria", aquella que sufre la víctima cuando no es atendida adecuadamente por las instituciones.
La actualización del protocolo también tiene el objetivo de poder continuar con el procedimiento administrativo más allá de los procesos judiciales, castigar los comportamientos inapropiados o mejorar la comunicación.
La ministra aseguró que todas las personas que denuncian formalmente acoso en el CSIC "pueden tener la certeza que van a ser atendidas y que sus situaciones van a ser investigadas", ya que existe una comisión frente al acoso "que analiza cada una de estas denuncias".
"Es voluntad del CSIC y del Ministerio que se mejore el acompañamiento y la actuación que hacemos con las víctimas, por supuesto, siempre hay margen y ámbito de mejora", agregó, incidiendo en que no se puede ignorar que las víctimas "tienen miedo a denunciar, a no ser creídas, a sentirse aisladas, miedo a las consecuencias". "Pero desde luego si no hay denuncia en muchos casos y no conocemos la situación no podemos actuar", animó.
Sobre el caso concreto de Carmen Fernández, días después, Podemos preguntó al Ejecutivo quién tomó la decisión de que una mujer "tuviese que trabajar con su agresor y qué responsabilidades se van a asumir" al respecto.
Al respecto, el Gobierno recordó que la denuncia por acoso sexual tuvo lugar en el año 2019 y añade que cuando, en 2020, la Fiscalía determinó el sobreseimiento de la causa penal, "lo hizo porque la denunciante y la persona por ella denunciada firmaron un acuerdo en el que ambas explicaban que se había tratado de un malentendido".
Entre otras cosas, el acuerdo "admitía la posibilidad de coincidir lo mínimo imprescindible con ocasión de su actividad laboral y a la denunciante se le dotó, además, de un camarote individual".
El Ejecutivo precisó que el buque tiene un convenio propio, con sus propias condiciones laborales (sueldos, permisos, vacaciones, categorías profesionales, etc.) pero "no incluye movilidad de los trabajadores que están sujetos a este convenio".
Por tanto, advirtió, “cuando la persona desaparecida embarcó lo hizo porque tenía todos los informes preceptivos: alta laboral, certificado del Instituto Social de la Marina (ISM) y examen médico de aptitud para el embarque. No embarcar implicaría no permitir que la trabajadora desempeñe su trabajo, contando con todos los requisitos de aptitud", advierte.
En este punto, recalcó que, cuando se produjo la desaparición mencionada, "la persona inicialmente denunciada no formaba parte del rol del buque, es decir, no estaba presente cuando zarpó". "Durante todo el procedimiento el CSIC ha actuado conforme a la normativa vigente”..
Asimismo, indicó que el CSIC "ha realizado su propia investigación interna de los hechos", destacando que el organismo considera la formación en materia de igualdad de género y prevención del acoso sexual y por razón de sexo "como uno de los pilares básicos para su prevención".
En cuanto a los protocolos ante casos de acoso sexual del CSIC, matiza que en los buques, en particular, además de autorizarse sistemáticamente todas las solicitudes de formación en la materia impartidas dentro del plan de formación del organismo de investigación que se demandan por el personal embarcado o de apoyo en tierra a la actividad de los buques de la flota, "se realizan numerosas actividades específicas para la prevención, detección y tratamiento del acoso de cualquier tipo".
Sobre las denuncias entre los años 2019 y 2023, explicó que “se hizo seguimiento, también, de los casos que no entraban dentro del ámbito de aplicación del protocolo".
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