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El asesinato de Nuria López, jefa de cocina de 44 años de la cárcel de Mas d'Enric en Tarragona, ha disparado la indignación de los funcionarios de prisiones en Cataluña. Los sindicatos se han levantado contra la Generalitat a la que acusan de aplicar protocolos que benefician a los penados y condenan a los trabajadores públicos. La violenta muerte de Nuria y el posterior suicidio del preso que la degolló, Iulian Odriste, de 48 años y condenado a 11 por asesinar a otra mujer, han destapado una serie de circunstancias que ponen en duda estas normas de actuación.
Nuria López era una mujer con amplia experiencia en el trabajo carcelario, colaboraba con la Consejería de Justicia a través del Centre de Iniciatives per la Reinserció (CIRE), con la que estaba contratada. Conocía perfectamente el trabajo en este servicio, además de otras responsabilidades en talleres con reclusos.
Iulian Odriste tenía sobre sus espaldas una condena de 11 años por rajarle el cuello a una prostituta en 2016. A pesar de este antecedente, llevaba dos años destinado en la cocina del centro, uno de los servicios más ansiados por los reclusos y que suele asignarse a los presos de especial confianza y sin expedientes por mal comportamiento. Algo que no parecía cumplir Odriste que en diciembre pasado fue expedientado por una falta muy grave tras mantener una pelea con un compañero de celda. La sanción supuso su salida automática del servicio de cocina, aunque regresó sin que se justificase el motivo, según informa La Vanguardia. La propia víctima ya había expresado su oposición a que su presunto asesino volviera a las cocinas.
Odriste era considerado un preso ejemplar, modelo. Era ordenado, pulcro y cumplidor. Según este medio, los funcionarios ya pensaban que esa absoluta corrección respondía más al perfil de un psicópata que de una persona que busca la redención de su pena.
La tarde del 13 de marzo, Nuria López ocupaba su despacho en las dependencias de la cocina de la cárcel de Mas d'Enric. Odriste y sus compañeros de servicio estaban trabajando en la sala cuando el agresor dialogó con Nuria en su oficina. Posteriormente, ambos se dirigieron a la cámara frigorífica donde entraron. Fueron seis minutos en los que Nuria e Odridte se quedaron dentro solos. Tras ese tiempo, el recluso salió, buscó un cuchillo en la zona de utensilios y volvió a entrar en la cámara donde permaneció un instante. En las imágenes se observa como portar un cuchillo ensangrentado que es con el que se degüella fuera de la visión de las cámaras.
Lo que pasara en el interior de la cámara frigorífica tendrá que ser desentrañado por la autopsia que se le practique a Nuria.
El asesinato de Nuria ha generado una dura reacción entre los sindicatos que representan a los funcionarios de prisiones en toda España, pero especialmente en Cataluña.
La Generalitat y los trabajadores mantienen un fuerte enfrentamiento desde hace años por los protocolos penitenciarios en esta comunidad. Una disputa que lleva años en los tribunales por acusaciones de presuntos malos tratos que en su momento informó Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH)y del Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional(SIRECOVI).
Los sindicatos creen que estas acusaciones de malos tratos o torturas en las cárceles catalanas son una difamación y denuncian a Rivera de presuntos delitos de “calumnias graves con publicidad” e "injurias".
El asesinato de Nuria ha elevado esta tensión. Los funcionarios de prisiones exigen más medios y más personal para luchar con el aumento de las agresiones en el interior de las cárceles catalanas. Reclaman un cambio en los protocolos internos que impidan que un recluso como Iulian Odriste puedan trabajar en dependencias como la cocina con un fácil acceso a armas blancas como han sido los cuchillos. Frente a ellos, la Consejería no tiene previsto reformar los protocolos de actuación, que en cada dependencia carcelaria es diferente, como informa El Periódico.
Sindicatos como CSIF en Cataluña acusan a este organismo de suprimir aspectos de los protocolos que dejan a los funcionarios convertidos en "mayordomos" poniéndoles en situaciones de "riesgo extremo".
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