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La Fiscalía está estudiando la difusión de imágenes de la joven que denunció la agresión sexual cometida presuntamente por Dani Alves, después de que la madre del exfutbolista, Lucía, haya revelado su identidad en las redes sociales.
La Fiscalía Provincial de Barcelona, que analiza todos los elementos vinculados a esta situación y que en su día hizo un duro relato contra el brasileño, pedirá que se proteja la imagen de la víctima el día del juicio, que está previsto que comience el próximo lunes 5 de febrero en la Audiencia de la capital catalana.
Tras la publicación de dichas imágenes, la abogada de la mujer que denunció a Alves ha anunciado que tomará medidas legales contra todas aquellas personas que difundan imágenes suyas o información que permita identificarla.
Lucía Alves, madre del exfutbolista Dani Alves, que permanece en la cárcel desde el 20 de enero de 2023 acusado de un delito de agresión sexual, ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo que muestra imágenes de la víctima, de quien revela su identidad y ofrece datos personales acusándola de querer fama y dinero.
En un comunicado, la abogada Ester García, que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima, ha denunciado que la difusión de imágenes o de cualquier información que permita la identificación de una víctima de violencia sexual "constituye un delito flagrante". "Es lamentable que, a fecha de hoy, se siga intentando destruir a las personas que se atreven a denunciar", ha apuntado.
Ante esta situación, la letrada de la acusación particular advierte de que instará acciones judiciales "contra todas aquellas personas o medios que difundan las imágenes" de la víctima o faciliten cualquier información, directa o indirecta, que permita su identificación.
"Quien confía en Dios ya no pierde la batalla", se puede leer en la publicación de Lucía Alves junto con el vídeo grabado por una abogada brasileña, en el que aparece la víctima bailando y celebrando su cumpleaños.
La Fiscalía de Barcelona solicita para el exinternacional brasileño nueve años de prisión, además de diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150.00 euros para la víctima, mientras que la acusación particular eleva a doce años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal por un delito de este tipo.
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