La tragedia que ha acabado con la vida de 13 personas en tres discotecas de Murcia ha hecho recordar a muchas víctimas los sucesos acaecidos en el Madrid Arena. El hecho de que en España sigan abiertos locales sin licencia -como ha ocurrido en Murcia- y el escaso control a los sistemas de seguridad provoca la indignación de las familias golpeadas por la tragedia, ahora, y entonces.
Cinco jóvenes perdieron la vida aquel fatídico 1 de noviembre de 2012 en Madrid, y parece que pocas cosas han cambiado. Al impacto inicial sucede siempre la desidia administrativa. Con resultados fatales de nuevo. Uno de los padres que sufrió en carnes propias la tragedia del Madrid Arena lo ha dejado claro en una carta al director de El País, en la que vaticina lo que va a pasar de nuevo recordando lo que ocurrió finalmente a los culpables del Madrid Arena. "Se van a ir de rositas", es su terrible conclusión. Ángel Esteban Sanz escribe un alegato que hay que tener en cuenta marcado de razón y dolor.
"Siento vergüenza ajena viendo los programadas de televisión en los que todos opinan, donde la elucubración es la guía de estilo, de la misma manera que en algunas informativos el periodista suelta la imaginación para relatar sucesos. A un debate deberían ir expertos en el tema, pero es más comercial llevar a charlatanes de ideas opuestas. Soy padre de una niña fallecida en la tragedia del Madrid Arena y me irrita que todos juzguen sin saber los datos sobre el incendio de las discotecas de Murcia. Conocedor de mi tragedia, sé todos los hechos, las responsabilidades y condenas que se impusieron", relata.
"Se esperaba una sentencia ejemplarizante y no sucedió. El que no atendió se fue de rositas, el que abrió la puerta, las ambulancias que no llegaron, etc. Y ahora claman al cielo y se rasgan las vestiduras porque si no tenían licencia, si el concejal no sabía... Los únicos hechos que hay son los fallecidos y el dolor; lo demás, imaginación de periodistas y tertulianos describiendo penas y responsabilidades. Voy a hacer de tertuliano: "Imagino que saldrán de rositas", sentencia en dicha carta.
No ha sido el único padre que ha estallado tras la tragedia de Murcia consciente de que nada cambiaron aquellas cinco vidas perdidas. La madre de una de las víctimas del Madrid Arena ha criticado que ningún inspector detectase que las discotecas del incendio de Murcia en las que han fallecido trece personas no tuvieran permisos.
"Qué los responsables se pudran en el infierno", ha escrito en sus redes sociales Isabel de la Fuente, quien lamenta que al final "los muertos se quedan en sus tumbas y los homicidas en sus casas" en referencia a las personas que en el caso de su hija se encuentran ya en libertad tras cumplir sus condenas por lo sucedido aquella noche en el pabellón Madrid Arena.
La madre de Cristina Arce critica que nadie detectara que las discotecas incendiadas no tuvieran permiso y alude en su mensaje a las declaraciones del abogado de La Fonda en las que sostiene que la licencia se ha quemado con el fuego, que arrasó los dos locales.
"Los papeles se han quemado. La culpa va a ser de unos, de otros, del cha-cha-chá... van a mentir y marear la perdiz hasta que la culpa sea de los muertos. ¿De verdad ningún inspector detectó que no había permisos?? A qué hora se inspecciona un local nocturno para pillarlo abierto???? Al final los muertos se quedan en sus tumbas y los homicidas en sus casas. !Qué asco de todo!!!", recoge el mensaje colgado en su cuenta, que agrega "qué los responsables se pudran en el infierno".
La noche del 1 de noviembre de 2012, con una avalancha humana que costó la vida a cinco jóvenes de entre 17 y 20 años y causó heridas a otras 14 en un evento organizado por DivierTT, una de las empresas de Flores. Una macrofiesta de Halloween donde el plato estrella era una sesión el DJ Steve Aoki.
Los hechos probados de la sentencia recurrida, confirmada por el Tribunal Supremo, recogen que, pese a que el aforo máximo permitido era de 10.620 personas, Diviertt vendió 16.605 entradas para el espectáculo Thriller Music PARK 2012-Alejo Fidel (Halloween) que se celebró la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 en el Pabellón municipal Madrid Arena, “controlando dicha venta y, siendo consciente de la misma, Miguel Ángel Flores”.
El exceso de entradas vendidas sobre el aforo autorizado, según los hechos probados, “produjo un riesgo evidente para la seguridad de todos los asistentes y fue el origen del grave resultado mortal y lesivo producido con posterioridad durante el desarrollo del espectáculo”. Sobre las 23,25 horas se abrieron las puertas del pabellón al público, aunque la mayor afluencia se produjo entre las 2 y las 3 de la mañana cuando un grupo numeroso de personas, que había estado haciendo “botellón” en las inmediaciones del recinto y en el aparcamiento, quiso entrar para ver la actuación del disc jockey Alejo Fidel.
A las 3'35 horas, cuando la pista estaba masificada por la venta de más entradas de las permitidas, porque estaban cerrados cinco de los ocho vomitorios por los que el público podía salir, y porque en dicha pista, que ya estaba colapsada, habían entrado miles de personas en menos de media hora, muchos de los jóvenes que se encontraban en ella, y que sintieron una sensación de agobio y de falta de control sobre sus propios movimientos, intentaron salir por uno de los tres vomitorios que estaban abiertos en ese momento. En ese vomitorio, de dimensiones muy reducidas cuya salida estaba taponada por las personas que querían ir a la pista, confluían quienes querían salir con los que pretendían entrar. Debido a ello, el gran número de jóvenes que estaba en el interior del vomitorio cayeron unos encima de otros, produciéndose en pocos segundos una montaña de personas en la que los de abajo llegaron a tener hasta siete u ocho personas encima, como recogen los hechos probados.
El rescate de las personas que quedaron atrapadas en el vomitorio se realizó de forma “descoordinada, lenta y poco eficaz”, con la ayuda de los asistentes a la fiesta, y veinte minutos después del incidente, a las 3,55 horas, se logró evacuar a todas.
De los 15 acusados, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a 7 y absolvió a 8, entre ellos al médico Simón Viñals y a su hijo Carlos, a Emilio Monteagudo, exjefe de la Policía Municipal de la capital; a José Ruiz Ayuso, técnico de Madridec; a José Antonio Díaz Romero, jefe de seguridad de Seguriber; a Roberto Mateos, vigilante de Seguriber; a Emilio Belliard, de Kontrol 34; y a Rafael Pastor, responsable de seguridad.
La Audiencia Provincial de Madrid estableció que los delitos de homicidio y de lesiones imprudentes por los que fueron condenados los principales responsables fueron cometidos en concurso, con lo que es de aplicación la regla del artículo 77 del Código Penal. Este artículo dispone que cuando un mismo hecho constituye dos o más delitos, como ocurre en este caso, la pena a imponer es la prevista para el delito más grave -homicidio por imprudencia grave- en su mitad superior, por lo que las penas se sitúan entre los dos años y los seis meses y los cuatro años de prisión por todos los delitos que forman el concurso.
En el caso de Miguel Ángel Flores, se consideró ajustado imponer la pena máxima posible, que era la de cuatro años de prisión, por ser “el principal responsable de los hechos, quien creó la situación de riesgo producida por el sobreaforo para conseguir un mayor beneficio económico con la celebración del evento, quien por su dilatada experiencia en la celebración de este tipo de actos conocía el peligro que ello suponía, y las peculiaridades del pabellón Madrid Arena y quien, pese a ello, no sólo no adoptó ningún tipo de medida para intentar evitar el resultado sino que realizó una serie de actuaciones, ya descritas, que incrementaron la posibilidad de que el mismo se produjera, siendo el promotor u organizador, y por lo tanto quien percibía los beneficios económicos del espectáculo en el que de manera impensable perdieron la vida 5 jóvenes y resultaron lesionados otros 29, debiendo tenerse en consecuencia, el número de delitos cometidos por su imprudencia que constituyen su acción, cinco de los cuales afectan al bien jurídico más relevante como es la vida de las personas”.