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Mientras la policía científica busca el origen y la causa del fuego que se propagó por las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia, provocando una tragedia que dejó 13 fallecidos, el foco sigue puesto también en los responsables de los locales y el Ayuntamiento: ¿por qué se permitió que las salas siguiesen abiertas pese a que, desde enero de 2022, tenían una orden de cierre?
Desde el interior de los dos locales, –ubicados en una misma nave dividida de manera incorrecta–, los agentes trabajan fotografiando cada rincón de las discotecas calcinadas, indagando en todas las irregularidades que podrían haber detonado o agravado la tragedia.
Fuera de ellas, se dirimen las responsabilidades tras el terrible incendio y se analizan los errores cometidos y por qué las discotecas han continuado con su actividad durante todo este tiempo pese a que se envió una orden de cese y de “precinto”, –incluso “forzoso”–, si no se producía, como recoge La Verdad de Murcia.
Pero no solo eso, porque tal orden, impulsada por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero (PSOE), no solo no fue ejecutada, sino que continuaron funcionando y además recibieron otras inspecciones durante todo el tiempo posterior, llegando a recibir informes favorables, lo que según fuentes municipales citadas por el mencionado medio sería un sinsentido, destacando que, en primer lugar, deberían haber cesado su actividad porque la clausura era firme tras agotar los posibles recursos.
Con todo, la sala Teatre había pasado este mismo año, en marzo de 2023, una inspección de Sanidad; un asunto que, más allá de que no debería haber tenido lugar, de acuerdo a la orden emitida por el exconcejal de Urbanismo, tan solo se refería en su evaluación a las condiciones de seguridad e higiénicas en materia sanitaria, algo que en ese momento cumplían.
El Ayuntamiento sigue señalando a las dos discotecas por funcionar sin licencia, pero eso, en palabras de Rebeca Pérez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, “no exonera de la propia responsabilidad” que pueda tener el consistorio, “y que en este momento se están dirimiendo esas responsabilidades”.
Deben aclarar todavía por qué no se ejecutó la orden municipal de cierre tras la división del espacio en dos locales. El arrendatario de uno de ellos dice que pensaba que todo estaba en regla: “Nunca, en ningún momento, se me notificó absolutamente nada, por lo cual yo asumo que puedo seguir trabajando y ejerciendo mi actividad”, ha dicho Esteban Ramírez, dueño de la discoteca Fonda Milagros.
El abogado del otro local, Teatre, sí admite sin embargo que su cliente conocía la orden de cese: “Se le había notificado el cese de actividad porque no reunía los requisitos. Ellos inmediatamente notificaron que sí se cumplían esos requisitos y no pasó nada; ahí siguió desarrollándose la actividad”, señala el letrado, José María Caballero.
Además, muestra el informe de alguna de las inspecciones municipales realizadas en el local después de la orden de ejecución de cese. Para el abogado eso prueba que el Ayuntamiento sabía que estaban continuando con la actividad mientras se comprobaba que reunían los requisitos necesarios.
Según recoge La Verdad de Murcia, tras emitir el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento el decreto en el que ordenaba a la Inspección del Servicio de Obras y Actividades del Consistorio que “girara visita” a la discoteca Teatre y, “en el caso de que no se haya ejecutado de manera voluntaria, procediera a la ejecución forzosa mediante precinto del establecimiento”, esta orden no se cumplió y quedó en el limbo.
Sí se produjo la inspección, pero en el informe consta un acta que indica que “en contestación a la orden de cese de la actividad y la advertencia de ejecución forzosa, una vez contactado con la titularidad, declaran y aportan justificación de presentación de la documentación técnica que les faltaba para la tramitación de la legalización”.
Así, y pese a que ello no debería haber habilitado la continuidad de la actividad, la discoteca no quedó clausurada, y posteriormente no se analizó la situación para corregirlo.
De hecho, tal como recoge La Verdad de Murcia, el exconcejal Andrés Guerrero asegura que ni siquiera sabía de la existencia del acta al no habérsele trasladado.
En esta línea, el concejal actual de Urbanismo, Antonio Navarro, ha recalcado que no se habían realizado comprobaciones específicas sobre la seguridad de estas discotecas antes del trágico incendio porque lo que procedía desde el primer momento era la clausura.